La Comisión por la Memoria entregó al gobernador Daniel Scioli el informe anual 2012 que releva y analiza las políticas penitenciarias, de seguridad y de niñez en la provincia de Buenos Aires. Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón (presidentes), Alejandro Mosquera (secretario ejecutivo), Mauricio Tenembaum (secretario) y los integrantes Emilce Moler y Daniel Goldman, junto al director general de promoción y protección de derechos Roberto Cipriano García y la directora general de promoción y transmisión de la memoria Sandra Raggio se reunieron con el Gobernador, que estuvo acompañado por la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el secretario de DDHH, Guido Carlotto, y el subsecretario de Política Criminal, César Albarracín.
Uno de los principales planteos de la CPM, al gobernador, fue la necesidad de que haya un compromiso del estado en erradicar el problema estructural que significa la tortura, como práctica en los lugares de detención. Se hizo especial hincapié en las consecuencias que tuvo esta práctica en el joven torturado en la Unidad 32 de Florencio Varela, donde ocurrió un hecho similar al sucedido en una comisaría de Salta.
Otro planteo importante fue la preocupación de la CPM por la violencia policial sobre los jóvenes, y se enfocó específicamente en el caso de La Matanza, donde desapareció Luciano Arruga. Allí, muchos jóvenes son detenidos y la policía los amenaza con que correrán la misma suerte que Luciano. En ese sentido, la CPM le pidió también al gobernador que reciba a la familia del joven desaparecido el año 2009, y el Gobernador dio directivas para recibirlos la semana que viene.
La CPM insistió en la necesidad transformar democráticamente el Servicio penitenciario y la policía bonaerense. Para esto, remarcó que, es preciso se apruebe el proyecto de policía judicial y se destrabe la votación del mecanismo provincial de prevención de la tortura. Con respecto a la policía judicial, el Gobernador destacó la iniciativa que tuvo la CPM al elaborar el proyecto base, dio origen al proyecto que está por aprobarse.
Finalmente, la CPM manifestó, nuevamente, la preocupación por la Resolución 7/2005 aún vigente, que prohíbe tomar registro fotográfico y audiovisual en los lugares de encierro. En este sentido, Scioli se comprometió a levantar la prohibición y dio directivas a sus funcionarios para concretarlo.
Al finalizar la reunión, el Gobernador se comprometió a generar un espacio de diálogo, con la CPM, para tratar estos temas.
Juan Pablo Torroija (41), ciudadano argentino , vivía hace siete años en España. Había dejado la Argentina junto a una joven, con quien tuvo una hija -hoy de 7 años-.
Según informa el diario Jornada de Chubut, Torroija era okupa y vivía en un edificio tomado. El año pasado, cuando -producto de la crisis- el movimiento de los “indignados” se extendió por Europa, Juan Pablo y otros okupas fueron desalojados y comenzaron a ser perseguidos por la policía.
Fue entonces cuando decidió irse a Girona. Semanas atrás, Torroija fue detenido en la calle por policías de Girona y brutalmente golpeado. Fue trasladado a la comisaría de Vista Alegre y luego al hospital Josep Trueta, en el centro de Girona. Presentaba golpes en las costillas, brazos y signos de asfixia.
Murió en el hospital el 14 de julio pasado, pero el Consulado argentino no fue notificado. El sábado, después de una búsqueda desesperada, su familia se enteró de que llevaba muerto dos semanas y que su cuerpo se encontraba en la morgue judicial de Girona.
La Policía y la justicia local aseguran que Juan Pablo murió en el hospital, tras un intento de suicidio. Pero su familia denuncia que fue asesinado por la policía.
Ahora el consulado argentino en Barcelona exigió a la justicia española conocer las causas y circunstancias de la muerte de Juan Pablo.
“Esta mañana presentamos dos escritos ante los tribunales, uno de ellos pidiendo conocer las causas y circunstancias de la muerte de Torroija y otro para que el cuerpo no sea inhumado”, explicó Felipe lvarez Todelo, cónsul general en Barcelona.
Es terrible lo que cuentas. La TORTURA es una práctica habitual que deberíamos exigir erradicar. Nos consideramos un país democrático, por lo tanto, libre… O nos ponemos las pilas de la exigencia moral, o no saldremos nunca del pozo en el que estamos inmersos de arenas movedizas que nos estan engullendo.