Colombia, por la inmediata puesta en libertad de los dirigentes de Astracatol

c olombiaEl 9 de mayo el    Ejército de Colombia llevó a cabo una captura masiva de dirigentes campesinos del sindicato ASTRACATOL, afiliado a FENSUAGRO-CUT en diferentes veredas del departamento del Tolima, respondiendo a un requerimiento del Juzgado de Purificación, cuya fiscalía les acusa de “auxiliadores de la subversión” y de “rebelión”, por supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC-EP, basándose en testimonios de testigos a sueldo del Estado (red de cooperantes). Es un claro montaje judicial dirigido a reprimir la protesta social contra los megaproyectos hidroeléctricos y mineros que diferentes multinacionales adelantan en la región.
Cabe señalar que los ocho detenidos Ramiro Bazurdo González, Guillermo Antonio Cano Borja, Floricel Buitrago Cangrejo, Norberto García García, Gonzalo Ernesto Pastor Mora, Constantino Mayorga García, José Guillermo Pacheco Cruz y Edilberto Mayorga García son líderes campesinos del sindicato ASTRACATOL y forman parte del movimiento político y social Marcha Patriótica. Guillermo Antonio Cano Borja es Coordinador de Derechos Humanos de ASTRACATOL y miembro del Ejecutivo de FENSUAGRO, y participó en el Foro sobre Participación Politica organizado en Bogotá por el PNUD y la Universidad Nacional del 28 al 30 de abril, precisamente para aportar a la Mesa de Diálogos de La Habana propuestas encaminadas a garantizar que en Colombia se pueda ejercer la participación política sin que esto suponga ser criminalizado, amenazado, desplazado o asesinado por actores estatales y paraestatales.
El ejercicio de la actividad sindical, la defensa de los derechos de los trabajadores del campo, de la vida, del territorio y de la soberanía no son delito, sino un derecho político fundamental, consagrado en la Constitución y las leyes de la República de Colombia.
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL) viene sufriendo desde su formación en diciembre de 2007, al calor de las luchas campesinas que tuvieron su epicentro en Ibagué, la persecución y la violencia estatal y paraestatal. Varios de sus dirigentes han sido asesinados. En noviembre de 2011 otros ocho dirigentes de ASTRACATOL fueron detenidos masivamente en La Marina (Chaparral) en base a otro montaje judicial a partir de testimonios de personas que ha sido comprobado que son falsos desmovilizados, a sueldo del Estado, para montar falsos positivos judiciales en serie contra cualquier líder comunitario que se vuelva molesto al Estado o a las multinacionales.
Estos otros ocho miembros de ASTRACATOL Edwin Lugo Caballero, José Norbey Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín, Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey, continúan un año y medio después presos, padeciendo condiciones inhumanas de reclusión, sin que ninguna de las acusaciones haya podido ser probada. 
Estos niveles de criminalización y represión política contra organizaciones civiles como ASTRACATOL-FENSUAGRO y Marcha Patriótica muestran que el Gobierno y el Estado colombiano hablan de paz y hacen exigencias mientras descargan su máquina de guerra militar y paramilitar contra el pueblo desarmado, destrozando las vidas de miles de familias realmente comprometidas con la construcción de una Colombia en paz, donde los derechos políticos y sociales no sean papel mojado.

EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS:
            • La inmediata puesta en libertad sin cargos de los dieciséis dirigentes de ASTRACATOL judicializados sin pruebas, en base a falsos testimonios.
            • El cese de la represión y la persecución contra ASTRACATOL, Marcha Patriótica y todas las iniciativas civiles de resistencia y oposición en el Tolima contra los megaproyectos mineros e hidroeléctricos que amenazan con desplazar a miles de personas de los territorios en los que basan sus sustento, amén de causar daños irreparables al medio.
            • El cese de hostigamientos militares contra la población civil en las zonas de “consolidación militar”
            • El cese de la cobertura a grupos criminales paramilitares que hacen el “trabajo sucio” de amenazas, asesinatos y desplazamiento contra las personas que molestan a las multinacionales o/y al Estado.
            • Garantías efectivas para el ejercicio de los derechos políticos, sindicales, de libertad de expresión, reunión y asociación en Colombia, dentro del marco constitucional, para que se pueda hablar de participación política y Estado de Derecho sin que suene a cruel burla contra la población


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