blog de Montserrat Ponsa

Es preciso avisar a todos los brasileños, informar de una manera muy clara y objetiva para que, incluso las cataratas del Río San Francisco, se enteren que:

1. El pedido de destitución de la presidenta Dilma Rousseff no tiene nada que ver con la operación Lava Jato, ni con ninguna otra iniciativa de combate a la corrupción. Dilma no es acusada de robar centavo alguno. El pretexto utilizado por los políticos de oposición para tratar de desplazarla del gobierno, es el llamado «maquillaje fiscal», es un procedimiento de gestión del presupuesto público de rutina en todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y fue adoptado en los mandatos de Fernando Henrique Cardoso y Lula sin ningún problema. Ella, simplemente, puso dinero de la Caixa Econômica Federal en programas sociales, para poder cerrar las cuentas y, al año siguiente, devolvió el dinero a la Caixa. No obtuvo ningún beneficio personal y ni sus peores enemigos logran acusarla de algún acto de corrupción.
2. Justamente por eso el pedido de destitución es un golpe, ya que la presidenta sólo puede ser separada si se demuestra que ha cometido un crimen -y ese crimen no ocurrió, tanto que, hasta ahora, el nombre de Dilma ha quedado fuera de todas las investigaciones de corrupción, pues no existe, contra ella, ni la misma la más mínima sospecha.
3. Al contrario de la presidente Dilma, los políticos que piden la destitución están más sucios que un palo de gallinero. Eduardo Cunha (PMDB-RJ), quien como presidente de la Cámara es responsable del proceso de destitución, recibió más de R $ 52 millones tan solo de la corrupción en la Petrobras y es propietario de depósitos millonarios en cuentas secretas en Suiza y en otros paraísos fiscales. En la comisión de diputados que analizará el pedido de destitución, con 65 integrantes, 37 (¡más de la mitad!) están en la mira de la Justicia, investigados por corrupción. Si ellos logran deponer a la presidenta, esperan recibir, a cambio, la impunidad por las estafas cometidas.
4. Quien lidera la campaña por la destitución es el PSDB, partido opositor derrotado en las elecciones presidenciales de 2014. Su candidato, Aecio Neves, pretende alcanzar en el escritorio el resultado político que no fue capaz de obtener en las urnas, irrespetando el voto de 54.499.901 brasileños y brasileñas que votaron por Dilma (3,4% más que los votantes de Aecio en la segunda ronda).
5. Si se consuma el golpe, la oposición aplicará todas las propuestas elitistas y autoritarias que Aecio planeaba implementar si hubiese ganado la elección. El presidente golpista, con toda seguridad, cambiará la legislación laboral, en detrimento de los asalariados; revocará la política de valoración del salario mínimo; implementará la terciarización de la mano de obra sin restricciones; entregará las reservas de petróleo del pré-sal a las corporaciones transnacionales (como defiende el senador José Serra); privatizará el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal; introducirá la educación pagada en las universidades federales, como un primer paso hacia su privatización; reprimirá los movimientos sociales y a la libertad de expresión en Internet; expulsará a los cubanos que trabajan en el Programa Más Médicos; dará luz verde al agronegocio para apropiarse de las tierras indígenas; eliminará la política exterior independiente, degradando el Brasil al papel de sirviente de Estados Unidos. Es eso, mucho más que el mandato de la presidenta Dilma o el futuro político de Lula, lo que está en juego en la batalla del juicio político.
6. Es un engaño suponer que la economía mejorará después de un eventual cambio en la presidencia de la República. Todos los factores que llevaron al país a la crisis actual continuarán presentes, con varios agravantes. La inestabilidad política será la regla. Los líderes de la actual campaña golpista pasarán a luchar cuerpo a cuerpo por el poder como pirañas alrededor de un trozo de carne. Y Dilma será reemplazada por un sujeto débil, Michel Temer, más interesados en asegurar su futuro (sin duda una silla en el Tribunal Supremo Federal) y protegerse de las acusaciones de corrupción antes que gobernar efectivamente. La inflación seguirá aumentando, y el desempleo también.
7. En el plano político, Brasil se sumergió en un período caótico, de fuerte inestabilidad. El derrocamiento de una presidenta electa, sacramentada por el voto, llevará al país a que, por primera vez desde el fin del régimen militar, al frente del Ejecutivo estará un mandatario ilegítimo, rechazado por una gran parte de la sociedad.
8. El conflicto dará la tónica de la vida social. Las tendencias fascistas, ensañadas con el golpe, se van a sentir liberadas para poner en práctica sus impulsos violentos, expresados simbólicamente, en las imágenes de muñecos colgados mostrando la gorra del MST o la estrella del PT y, de una forma más concreta, en las invasiones y ataques contra sindicatos y partidos políticos, en los ataques salvajes a personas cuyo único delito es vestir una camisa de color rojo. El líder de esta corriente de extrema derecha, el diputado Jair Bolsonaro, ya defendió abiertamente, en una de las manifestaciones a favor del juicio político, que cada hacendado cargue consigo un rifle para matar militantes del MST.
9. Los sindicatos y los movimientos sociales no se quedarán con los brazos cruzados ante la truculencia de la derecha y la ofensiva gobiernista y patronal contra los derechos sociales conquistados durante las últimas dos décadas. Va a resistir por todos los medios – huelgas, ocupaciones de tierras, bloqueos de carreteras, toma de edificios, y mucho más. Brasil se tornará un país desgarrado, por culpa de irresponsabilidad y de la ambición desmedida de media docena de políticos incapaces de llegar al poder por el voto popular. Eso es lo que nos espera si el golpe contra el presidente Dilma se consuma.
10. Pero eso no sucederá. La movilización de la ciudadanía en defensa de la legalidad y de la democracia está creciendo, con la adhesión de más y más personas y movimientos, independientemente de su afiliación política, creencias religiosas y de si apoyan o no la política oficial. La opinión de cada uno de nosotros sobre el PT o el gobierno Dilma ya no es lo que importa. Están en juego la democracia, el respeto al resultado de las urnas y la norma constitucional que prohíbe la aplicación de un juicio político sin la existencia de un delito que justifique esta medida extrema. Más y más brasileños están percibiendo esto y saliendo a las calles contra los golpistas. Este 31 de marzo, la resistencia democrática trabará una batalla decisiva.
Es esencial la participación de todos, en cada rincón de Brasil. Todos precisamos salir a las calles, en defensa de la legalidad, de la Constitución y de los derechos sociales. ¡Todos juntos! ¡El fascismo no pasará! ¡No va haber golpe!