Ecuador dice no a paraísos fiscales

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Con un 55.09%, la población de Ecuador le prohíbe de ahora en adelante a los funcionarios públicos tener empresas o negocios en los paraísos fiscales. Esta pregunta formó parte de las elecciones de este domingo donde se eligió, además, a un nuevo presidente de ese país.

La población de Ecuador, en la jornada electoral de este pasado domingo, no solo votaron para elegir a un nuevo presidente, sino que también para permitir o impedir que las personas que se deseen ostentar un cargo público en ese país deben tener empresas en paraísos fiscales, a lo que gente respondió en su mayoría con un no.

Ante la pregunta en una de las papeletas de votación que decía: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?” Un 55.09% de los electores dijeron que no, contra un 44.91% que respondió que sí.

El resultado modificará la Ley Orgánica de Servicio Público a fin de adecuar la normativa vigente al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Desde su aprobación, todos aquellos que aspiren a cargos electivos tendrían el plazo de un año para repatriar sus fondos, luego de lo cual quedarían imposibilitados de aspirar a cargos públicos.

Además se incluye esta disposición: “Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución”.

La consulta fue presentada por el presidente Rafael Correa y argumentó que “los paraísos fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales, ya que habilitan a los que más poseen para mover su riqueza a lugares donde no tienen que declararla y así evitar cargas fiscales, en perjuicio de sus ciudadanos, para pagar menos en proporción a su renta, contribuyendo así a agravar la desigualdad”.

“Es un Pacto Ético. Es una vergüenza que los pobres con sus remesas enviadas desde el extranjero hayan sostenido tantas veces la economía del país mientras los ricos colocan su capital en paraísos fiscales y desfinancian a la nación”, dijo el canciller de Ecuador Guillaume Long a BBC noticias.

“Con cosas así, ¿a quién le puede extrañar que América Latina sea la región más desigual del planeta?”, se preguntó el canciller ecuatoriano.

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