La fruta envenenada. Silvana Melo

Casi todas las peras (el 98%) y casi todas las manzanas (el 85%) que se pusieron en juego de oferta y demanda en el Mercado Central entre 2011 y 2013 estaban contaminadas por más de veinte pesticidas. Entre ellos, una estrella: el endosulfán, prohibido en 2011 por el Senasa pero con la sensibilidad de permitirlo hasta que se acabara el stock.

Porque una cosa es evitar la muerte de niños que juguetean en los canales de desagote de las tomateras correntinas y otra es fastidiar las cuentas bancarias de las empresas que distribuyeron el producto que fue emblema de Bayer.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) tuvo que admitir, a regañadientes, que comer una manzana con su cáscara (como aconsejan los nutricionistas) implica adquirir veintidós agrotóxicos en una sola dosis. Y lo hizo después de un amparo judicial que los abogados de la ONG Naturaleza de Derechos tuvieron que presentar para acceder a los resultados de los controles que el organismo realiza sobre la producción hortícola. Información que debería ser pública –implica directamente a la salud- y no retaceada para dejar tristemente en claro de qué lado se sientan los organismos del estado a la hora de interpelar a los sectores del poder económico concentrado.

A dos años de que la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA pedía a los vecinos que llevaran verduras de hoja, morrón y naranjas para analizar su poder envenenador y causaba fastidio en esa misma cara de la manzana; a otro tanto de que la misma Cátedra pero de la Universidad de la Plata encontrara agrotóxicos en ocho de cada diez verduras exhibidas como panacea saludable; a poco más de un año de que los chicos del Hogar Juan XXIII de Gerli descubrieran pintas azules en las espinacas de descarte que el verdulero les separó (a partir de la publicación de APe, Jorge Repiso preparó un informe en la Revista Veintitrés).

Bel Senasa admite, con todo el dolor de su alma, que todos tenían razón: el 98% de las peras exhibidas entre 2011 y 2013 en los mercados centrales de Buenos Aires, La Plata y General Pueyrredón contenía 20 variedades de insecticidas y fungicidas. El 91% de las mandarinas estaban envenenadas con 16 pesticidas. El 85 % de las manzanas escondía un aditivo traicionero: 22 insecticidas. En casi el 77 % de las frutillas acechaban 17 plaguicidas.

En 2016 se controló el apio: un abanico de 21 agroquímicos, incluido en endosulfán, ya con tres años de prohibición. La zanahoria tenía trazas de seis tóxicos. Todos, escribe el periodista Patricio Eleisegui, “por encima de los LMR (Límites Máximos de Residuos) que fija la normativa vigente en la Argentina para este tipo de alimentos”. Un límite que, para Naturaleza de Derechos, es más “político” que científico. Está muy claro que el endosulfán apareció en la autopsia de Nicolás Arévalo, muerto después de chapotear en lo que parecía agua inofensiva tan cerca de su casa. Tenía cuatro años. Casi tantos como duró el stock de endosulfán prohibido. El mismo veneno azul que pintaba las hojas de las espinacas que descubrieron los chicos del hogar Juan XXIII. Y que no se iba ni fregándolas.

En concreto, escribe Eleisegui, “los resultados revelan que el Estado argentino sabe que prácticamente el total de las frutas y verduras que se comercializan en el país se encuentra de alguna forma contaminado con agroquímicos”.

Es decir: el Estado argentino sabe que no es sólo Monsanto ni la soja transgénica ni el glifosato; es un modelo, una cultura sin fisuras impuesta desde los poderes económicos y mediáticos que, gota a gota, inyecta veneno en la cotidianidad alimentaria de las generaciones que deberán sostener este mundo. Con la enorme incertidumbre de desconocer qué consecuencias habrá en la cabeza y en el cuerpo y en las utopías de los niños que crezcan rodeados de la toxicidad de un hábitat que les asesta plomo en la sangre cuando pisan o respiran metales pesados, que los infecta con venenos destinados a un bicherío que atenta contra los números de la producción industrial. Venenos que dejan en el camino daños colaterales como abejas, peces y niños.

El informe del Senasa blanquea el uso de agroquímicos como acetamiprid, acrinatrina, carbendazim, carbaril, clorpirifós, metilazinfos, nobaluron, thiacloprid, tiametoxam, entre otros. Varios de ellos prohibidos en Europa, potencialmente cancerígenos, disruptores endócrinos (alteran el sistema hormonal y generan consecuencias gravísimas), peligrosos para el sistema nervioso, letales para las abejas melíferas y los peces.

“¿Por qué cuando se tiene hambre hay que ir al kiosco y no a la verdulería?”, se pregunta la investigadora Soledad Barruti, a la hora de apuntar contra una alimentación industrializada cuya emboscada se arma con un combo de grasas saturadas, aceite hidrogenado, sal, azúcar y jarabes de maíz de alta fructosa. Pero sólo en los productos de huertas agroecológicas (emprendimientos de producción y consumo exclusivamente local) y/u orgánicas (producciones sin uso de agroquímicos pero encarecidos por la lógica de mercado) habrá un sustituto del alfajor o las óreo que no esconda a la vuelta de la esquina de una naranja un cóctel de toxicidad que el Estado conoce y ha ocultado arteramente hasta ahora.

Los niños acechados por cocacolas, lays y manzanas recargadas tendrán que remar en mares de cemento para tener la fuerza de encender una vez más el candil que permita ver lo que vendrá. Y vivirlo sin que cueste la vida.

 

 

 

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