Editorial de La Jornada. El españolismo se derrota a sí mismo en Cataluña

Lo que era impensable en Europa ocurrió ayer en Cataluña: las fuerzas policiales del gobierno de Madrid reprimieron con violencia extrema a los ciudadanos que decidieron acudir a las urnas para participar en el referendo independentista catalán, declarado ilegal por las autoridades y los tribunales de España. Las palizas, los allanamientos de locales, las confiscaciones de urnas, y hasta las balas de goma y los gases lacrimógenos menudearon en una jornada en la que, a pesar de la barbarie policial, millones de personas depositaron su voto.

Este es el saldo del empecinamiento de décadas por la clase política española que en todo momento se negó a mover una coma a los lineamientos constitucionales que rigen la relación entre el país y sus comunidades autónomas, y asumió como prenda de patriotismo la sordera y la insensibilidad ante los reclamos regionalistas de vascos y catalanes.

Desde luego, la colisión frontal que se expresó ayer no habría ocurrido si las instituciones de Madrid se hubieran avenido a negociar la federalización del Estado español y si los partidos, hasta hace unos años hegemónicos en el mapa político –el Popular y el Socialista Obrero Español– hubieran actuado con la inteligencia requerida para adecuar una carta magna que proclamaron intocable y, sin embargo, adulteraron sin escrúpulos para facilitar la imposición de las políticas económicas dictadas por la Unión Europea. Pero al final de cuentas esa rigidez chovinista terminó por alimentar y justificar una causa independentista que, sin esa intolerancia, difícilmente habría logrado el respaldo masivo que a la postre consiguió en la sociedad catalana.

Más aún: en los días previos a la realización de la consulta convocada por la Generalitat y el parlamento –órganos Ejecutivo y Legislativo de Cataluña– Madrid habría podido atenerse a la declaración de ilegalidad emitida por sus propios tribunales, negarse a reconocer los resultados del referendo, fueran los que fueran, dejar que el asunto se dirimiera en los tribunales –lo que ya era excesivo– y abstenerse de enviar a la fuerza pública a protagonizar semejante espectáculo de intolerancia hacia una votación pacífica –emblema por excelencia del espíritu democrático–, reprimida y criminalizada por la policía.

Sin embargo, el gobierno de Rajoy optó por recurrir a la coerción y con ello generó una diversidad de resultados contraproducentes. Por una parte, se presentó a sí mismo como un régimen represivo, intolerante e incapaz de desempeñarse en el terreno de la política, incrustado, para colmo, en la Unión Europea; por la otra, expuso a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a un descrédito irremediable, e incluso a querellas legales en los juzgados catalanes; por añadidura, puso entre la espada y la pared al cuerpo de seguridad autonómico –los Mossos d’Esquadra–, muchos de cuyos integrantes se negaron a cumplir las órdenes de dispersar a los votantes y de desmantelar los centros de votación, y en algunos casos incluso los protegieron de los asaltos de las fuerzas policiales españolas.

Pero la actuación de Madrid en Cataluña dejó una consecuencia paradójica mucho más devastadora para la causa del centralismo españolista: dio al independentismo catalán un impulso probablemente definitivo y hasta le granjeó la simpatía de miles de españoles que ayer mismo acudieron a la Puerta del Sol a expresar su vergüenza ante el gobierno nacional y su solidaridad con los separatistas reprimidos en forma tan violenta, injustificable y antidemocrática.

Finalmente, al ilegalizar y reprimir el referendo, el gobierno y los tribunales españoles dejaron sin margen a los habitantes de Cataluña –catalanes o no– que habrían podido manifestarse por el no a la independencia, con lo cual sellaron la victoria abrumadora y rotunda del sí, que se impuso por más de 90 por ciento. Ahora, digan lo que digan los gobernantes y los medios de Madrid, el proceso hacia la independencia se antoja irreversible e indetenible.

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