Argentina. Crónica de cómo Vidal legalizó envenenar a la población con agrotóxicos.

Resumen Latinoamericano / 7 de enero de 2019 / Carlos Vicente, Revista Cítrica

La Provincia autorizó el uso indiscriminado de diferentes venenos como el Glifosato. El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, fue ex gerente de Monsanto. Ahora se podrá fumigar en escuelas rurales y cascos urbanos.

 

En primer lugar, aquello que se debe tener en cuenta a fin de interpretar en forma acabada la resolución 246 del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, responsabilidad primaria de Leonardo Sarquís, y definitiva de María Eugenia Vidal, es sencillamente una continuidad de aquella propuesta que presentaron hace unos meses a nivel nacional, de forma interministerial, las carteras de Salud, Ciencia y Tecnología, Ambiente y Agroindustria, en conferencia de prensa (es decir Adolfo Rubinstein, Lino Barañao, Sergio Bergman y Luis Miguel Etchevehere, respectivamente) quienes plantearon la idea de la implementación de supuestas “buenas prácticas agrícolas”.

Allí fue donde comenzó este circo que tiene que ver con dejar de asumir a los agrotóxicos como veneno, para suponer que con “buenas prácticas agrícolas” está resuelto todo el problema que estos venenos generan. Lo que ellos plantean es que se lleven a cabo “capacitaciones“, “convenios” con Agroindustria, y toda una parafernalia hipócrita y absurda en la que se va a gastar mucho dinero. Actualmente ya se están haciendo talleres para esto, cuando lo primero que habría que centralizar es que los agrotóxicos son venenos, son biocidas, son sustancias que enferman a la gente. Y se debería decir que es sencillamente imposible que haya “buenas prácticas agrícolas” que permitan un uso adecuado de los mismos.

Ahí es donde se cae este discurso de las “buenas prácticas agrícolas”, porque -por mejores prácticas agrícolas que haya, en un país donde se aplican 450 millones de litros de agrotóxicos por año- el nivel de exposición del suelo, del agua, del aire, de las nubes -en las que ya se ha comprobado que llueven pesticidas– y, por supuesto, en la salud de los animales, de las plantas y las personas, el efecto venenoso es absolutamente inevitable.
Esto es lo primero que hemos denunciado las organizaciones que nos oponemos a la implementación de esta norma. Lo que claramente plantea la mencionada resolución es que habilita para ser fumigadas aquellas zonas a las que llama -en forma hipócrita- “zonas de amortiguamiento”. Estos lugares serían todas las zonas que son cercanas -por ejemplo- a las escuelas, a núcleos urbanos, y que deberían excluirse de las fumigaciones, como ya está pasando en muchos municipios, donde se logró (como por ejemplo en Marcos Paz) que en las escuelas rurales no se permita fumigar a menos de 1000 metros de distancia.

Entonces, todas estas conquistas se caen por la borda, cuando el planteo del Gobierno, tanto Nacional como provincial, es que se crean esas supuestas “zonas de amortiguamiento”, y la única “exclusión” que habría para las fumigaciones es el inverosímil artículo que versa que “no se puede fumigar en horario escolar”, es decir, cuando los chicos están en la escuela. El absurdo que esto significa es indescriptible, porque cuando se fumiga permanentemente, la permanencia de los tóxicos es total. Es decir, pueden estar fumigando hasta un minuto antes de que los chicos entren a la escuela, y esto hace que todo el ambiente en el cual los chicos están expuestos, esté contaminado. Es realmente brutal. Una situación similar ocurre con las zonas urbanas, con la periferia de las ciudades, en las que “se puede fumigar hasta el borde de las casas”, dentro de los requerimientos que plantea esta resolución, los cuales son bastante absurdos.

En Argentina se utilizan más de 400 millones de litros de veneno por año

Parte de lo ilógico que implica esta norma se refleja en que plantea que, para la aplicación de lo que ellos llaman “fitosanitarios”, y que no son otra cosa que agrotóxicos, deberán considerarse “las características intrínsecas del producto a utilizar (ejemplo toxicidad y tensión de vapor), la regulación necesaria del equipo (ejemplo velocidad de avance, presión y caudal de trabajo, tamaño de gota, altura de los picos pulverizadores y tipo de boquilla) y las condiciones meteorológicas antes y durante la aplicación (ejemplo temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento)”. Es decir que es absolutamente imposible que esto se haga cada vez que se aplica agrotóxicos -más allá de que ninguno de estos datos va a garantizar nada si se está fumigando a 100 metros de una casa-.
Cabe recalcar en este sentido que en Argentina se están utilizando más de 400 millones de litros de veneno por año, y solamente de Glifosato se están usando cerca de 250 millones de litros anuales. Con lo cual, aquellas supuestas “medidas de seguridad” que se plantean en la resolución, no significan nada en la práctica. Esto -definitivamente- es un atropello. Habilita a que -con esta supuesta cobertura de las “buenas prácticas agrícolas”- estemos expuestos a que lleguen echándonos venenos hasta la puerta de nuestras casas.

En una segunda parte, se “exige” -supuestamente- la “presencia del profesional interviniente que determine las previsiones a tener en cuenta al inicio y durante la aplicación, pudiendo determinar la suspensión”. Esto -realmente- es un chiste. Nunca se va a lograr que haya un agrónomo presente. Por supuesto, plantean que los interesados van a tener que ir a “jornadas de actualización” de “técnicas específicas”, pero en verdad es todo un maquillaje con el fin de seguir alimentando el negocio de las corporaciones de agrotóxicos como Bayer, Monsanto, Syngenta, y todas las demás.

Esta “resolución” no va a resolver -de ninguna manera- problema alguno, y -claramente- los va a agravar, porque habilita a las transnacionales agrotóxicas para que sigan envenenando todo. Mientras tanto, las comunidades locales están peleando para que se alejen las fumigaciones. En algunos sectores se está trabajando para concientizar sobre que se lleve a cabo la producción agroecológica, sin utilizar agroquímicos, lo cual es -realmente- el futuro de la producción agropecuaria.

El ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, no casualmente fue funcionario, empleado, y gerente de Monsanto, en el área de Semillas, y de allí pasó a trabajar a la Provincia. Obviamente está apoyando esta resolución, y alimentando en consecuencia los negocios de la empresa para la que alguna vez trabajó, y que -claramente- uno podría sospechar que sigue trabajando todavía, más aún cuando habilita una resolución de este tipo.

Frente a este ataque a la salud y la vida, existe una férrea oposición que está llevando a cabo una campaña a la que han adherido más de 250 organizaciones, con el objetivo de que se exprese claramente el rechazo a esta decisión absurda y que se vuelva atrás con esta resolución. Esto no es un hecho aislado, no es un error, esto es parte intrínseca de la política del Gobierno Nacional, conducido por Mauricio Macri, y de cómo las carteras de Salud, Agroindustria, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, están promoviendo estas “buenas prácticas agrícolas”, que -en verdad- es una gran farsa.

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