Informe final de la Fiscalía en el juicio del ‘procés’: “Lo que sucedió en Cataluña fue un golpe de Estado” en el que se empleó “violencia”

A mis amigos del mundo. Leed lo que escribe la prensa española El Mundo, respecto al juicio contra nuestros presos politicos y exiliados, y contra una Nacion pacífica que NO pueden soportar. Puro veneno para seguir castigando. Autores del articulo, testificando lo que dijeron los jueces: Manuel Marraco y Marisa Recuero.

Los catalanes somo gente pacífica, harta de soportar mentiras, las que han dicho los jueces en el juicio que se ha llevado a cabo hoy. Nunca hemos usado la violencia. He participado en todas las Manifestaciones y movidas que se han llevado a cabo. NUNCA existió ningún altercado.

¿Podran dormir tranquilos tras su Verdicto?

Define los hechos de “insurrección” y engloba a los acusados en una “organización criminal” para “encubrir responsabilidades” a través de “maniobras encubiertas”

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Informe final de la Fiscalía: “Lo que sucedió en Cataluña fue un golpe de Estado”

El procés fue “un golpe de Estado”. Así lo ha sostenido este martes la Fiscalía en el informe final del juicio del 1-O, en el que expone al Tribunal Supremo por qué debe dictar una sentencia condenatoria por rebelión. “Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y sobre todo en los meses de septiembre y octubre de 2017, es lo que en la terminología de Hans Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado: la sustitución de un régimen jurídico por otro por medios ilegales”, ha afirmado el fiscal Javier Zaragoza, el primero de los cuatro fiscales del caso en intervenir.

El Ministerio Público ha arrancado de forma muy similar a como lo hizo en su primera intervención en el juicio, negando la tesis esencial de los acusados: “El objeto de este juicio, la razón por la que están siendo juzgados los acusados, nada tiene que ver con criminalización de la disidencia política. La razón es, ni más ni menos, haber intentado liquidar la Constitución española de 1978, el instrumento básico de convivencia; es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos, y utilizando la violencia en aquellos momentos en que ha sido necesaria”.

Zaragoza, a cuya intervención seguirá la de los otros tres fiscales que han participado en el juicio –Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena-, ha resaltado que “ninguno de los acusados ha querido asumir responsabilidades” pese a que todos gestaron “un sanedrín” para conformar “el estado mayor del procés“.

Para la Fiscalía, en este juicio “no están todos los que son, pero sí son todos los que están” y existen tres “pilares” que vertebran la rebelión y facilitaron la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. Primero, “el pilar parlamentario, que dio la cobertura necesaria para llevarlo a cabo”. Segundo, “el pilar ejecutivo”, en el que la Generalitat era “la maquinaria de este proceso”. Y tercero, “el pilar de las asociaciones civiles”, donde los acusados Jordi Cuixart y Jordi Sànchez “han sido los dinamizadores”.

El primero de los encausados en ser analizado por la Fiscalía ha sido el principal acusado, el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras. El fiscal Zaragoza ha afirmado que este “experto en sofismas”, para quien reclama 25 años de prisión, ha protagonizado “un ejercicio de cinismo sin precedentes” al haber acusado al Estado, en su declaración al inicio de la vista, de no haber querido dialogar, recurriendo a la imagen de “la silla vacía”.

“Quien rompe la legalidad democrática, quien se coloca al margen de la ley, quien se niega en redondo a dialogar en el marco de las instituciones y dentro de los cauces democráticos, responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas de no solucionar la cuestión”, ha dicho el fiscal en referencia a Junqueras, al que ha considerado como “uno de los más importantes promotores de estos hechos delictivos y el motor principal de la rebelión”.

“Ha sido probado que hubo violencia”

La Fiscalía ha mencionado la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que avaló la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament que iba a activar la declaración de independencia tras el 1-O. En particular, el fiscal ha incidido en el apartado de la resolución que indica que los partidos pueden promover cambios constitucionales, “pero siempre que se utilicen medios legales”.

El siguiente en la lista de acusados mencionados por el fiscal Zaragoza ha sido el ex consejero de Interior Joaquim Forn. “Él conocía perfectamente esto”, ha advertido el fiscal, y “avanzar en el referéndum era una actitud delictiva desde el principio al final”. “Estuvo informado de todo”, ha resaltado Zaragoza, que señaló al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, como “la persona que le informaba”.

“En apariencia acataban la orden judicial pero en la práctica incumplían el uso de la fuerza para hacer cumplir la legalidad”, ha dicho de este cuerpo policial, al que se refiere con los términos “fraude” y “engaño” en relación al cierre de centros de votación y a la incautación de material electoral.

En cuanto a los incidentes del 20 de septiembre en las inmediaciones de la Consejería de Economía, Zaragoza ha asegurado que se produjo “un estado de excepción de facto” donde “todo” fue “excepcional”· “Lo excepcional es que hubiera una manifestación para parar a la Guardia Civil; lo anormal es que hubiera 40.000 personas y que dos señores se convirtieron en los dueños del orden público en Barcelona“, en referencia a Cuixart y Sànchez.

A Zaragoza le ha seguido su compañero Jaime Moreno, que se ha centrado en examinar las pruebas sobre el elemento clave para condenar o no por rebelión: la violencia. Moreno ha informado al tribunal que iba a examinar cinco cuestiones: “Si hubo violencia, si fue suficiente para el delito de rebelión, si hubo nexo causal entre esa violencia y la finalidad de la declaración de independencia, si los acusados tuvieron conocimiento de que se iban a producir enfrentamientos y si se sirvieron o instrumentalizaron esa violencia”. La respuesta de la Fiscalía a las cinco cuestiones es afirmativa, motivo por el que ha ratificado la acusación de rebelión con la que llegó al juicio.

“No creo que tras lo oído en este juicio pueda negarse que hubo violencia”, ha dicho el fiscal. En primer lugar, hubo “violencia en las cosas”, resaltando los destrozos de vehículos tanto el día de la votación como en los incidentes previos de septiembre. Hubo también “intimidación” a las Fuerzas de Seguridad por la congregación masiva en los centros de votación. Y hubo, en tercer lugar, “violencia física”.

Moreno ha destacado que hubo 93 agentes lesionados, lo que refleja que “fue claramente una conducta violenta”, pero ha precisado que no debe caerse en la trampa de las defensas de atribuir el millar de ciudadanos lesionados a las Fuerzas de Seguridad. Los responsables fueron los acusados, que no desconvocaron el referéndum pese al aviso de los Mossos de que habría enfrentamientos.

“Ha sido probado que desde el día 19 [de septiembre] y hasta el 1 de octubre hubo violencia. Fue la suficiente para los objetivos que se habían trazado. Sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta. Los acusados sabían que esto comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abortar la vía unilateral y además llamaron a la ciudadanía a enfrentarse”, ha dicho Moreno.

“Así es como actúan las organizaciones criminales”

Por su parte, la fiscal Consuelo Madrigal ha sido la encargada de analizar el delito de malversación que la Fiscalía atribuye a nueve de los 12 acusados. “Así es como actúan las organizaciones criminales, y les resulta muy sencillo hacerlo cuando ocupan las más altas responsabilidades en una comunidad autónoma”, ha dicho la representante del Ministerio Fiscal.

La Generalitat que dirigieron los encausados era “una Administración regida por una organización criminal que para encubrir las responsabilidades puede recabar silencios, encubrimientos y hasta puede prometer contraprestaciones y compensaciones”, en palabras de Madrigal, que no ha dudado en reconocer que es “muy fácil acordar sobreprecios en futuros y eventuales encargos realizados al amparo de esos abiertos y generosos contratos marco”, en referencia a los contratos que gestionó el Govern para llevar a cabo las campañas de publicidad del 1-O y conseguir el material electoral.

“Maniobras de encubrimiento”, así ha definido la fiscal las actividades realizadas por aquel Govern para financiar el referéndum ilegal. “Todas ellas de esa organización criminal”, ha dicho, sin pasar por alto que “la contratación del referéndum se hizo de forma irregular”.

Madrigal ha cuantificado en tres millones de euros el desvío de fondos para financiar el 1-O y ha llamado la atención sobre el hecho de que la Generalitat fue “perjudicada” y no esté personada en este juicio. Según la Fiscalía, esto revela “la evidencia escandalosa del control de los acusados sobre la Administración catalana”, de quienes ha advertido su “dejación de funciones en defensa de sus intereses” para encubrir el “expolio perpetrado en sus fondos”.

El último de los cuatro fiscales en intervenir ha sido Fidel Cadena, que nada más comenzar su exposición ha dicho que “la Constitución ha sido horadada, vejada y humillada desde el principio hasta el final” y que en Cataluña hubo “un levantamiento, una insurrección contra los pilares de los cimientos del estado democrático”.

Su tarea ha sido la de exponer al tribunal los aspectos más técnicos de la acusación, en particular por qué la condena debe ser por el delito de rebelión. “Aunque no sea una rebelión militar, está parangonada a todos los efectos”, ha afirmado, resaltando que según las tesis de las defensas sobre el tipo de violencia que exige la rebelión habría dejado fuera de este delito incluso el golpe de Estado del 23-F. El fiscal ha sostenido que no sería aceptable que se considerara un caso de conspiración para la rebelión o de delito intentado. Según la Fiscalía, el delito de rebelión se consumó y no caben esas vías para aplicar una rebaja a las altas penas que reclama el Ministerio Público.

Tampoco puede sostenerse que lo sucedido fuera únicamente una sedición, con penas elevadas pero más suaves. No sólo porque una sedición no habría provocado algo tan excepcional como que el Rey sintiera la necesidad de dirigirse al país por televisión. También, y sobre todo, porque el delito de sedición busca defender el orden público, mientras que el de rebelión protege lo que a su juicio estuvo en juego en el procés: la vigencia del sistema constitucional.

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