Cada día que pasa es más difícil encontrar análisis que nos permitan entender lo que está sucediendo. Los analistas confiesan en las tertulias estar perdidos, desubicados.

Cuando el president Torra anunciaba esta semana que daría un mensaje institucional, las tertulias de la radio se convirtieron en mesas camilla de pitonisas y adivinos: todos reconocían no tener ni idea de lo que podría pasar. Unos comentaban que la convocatoria de las elecciones en Catalunya era inminente; otros señalaban al cese inminente de Pere Aragonés, e incluso también de los consejeros y consejeras de ERC; otros aseguraban que Torra anunciaría su dimisión. Nadie sabía nada: ni siquiera en el entorno político podían adelantar la más mínima pista de lo que anunciaría el president. Al final, ni una cosa ni la otra y todas a la vez: la declaración institucional venía a confirmar la situación difícil que pasan los socios del Govern, la pérdida de confianza que ya no puede disimularse, la constatación de la fecha de caducidad de un gobierno que ha estado tratando de evitar la imagen que se había producido el lunes por la tarde. Se anunció que habría convocatoria de elecciones una vez fueran aprobados los presupuestos. Una decisión, a mi entender, sensata, que pone por encima los intereses de gestión de un país, y que obliga a todos a ponerse a trabajar en pro de un objetivo. Además, deja claro que sobre la mesa estará ahora la batalla económica, las inversiones, los recortes, las apuestas por unos proyectos que dejarán en evidencia a más de uno, destapando posibles alianzas que están tratando de ocultarse.

Y es que lo que sucedió el lunes en el Parlament, aunque el president Torra se mostrase sorprendido, estaba cantado. De hecho, lo sorprendente en realidad habría sido lo contrario: que se hubiera desobedecido (no a la JEC sino al Tribunal Supremo) desde la institución. No quiero decir con esto que me parezca bien ni mal, todavía no. Lo que quiero decir es que ha vuelto a pasar lo mismo que sucedió en su día con la investidura telemática de Puigdemont: apareció el Tribunal Constitucional en el último instante para ser la tabla de salvación de quienes no veían clara la desobediencia. Pues igual que ahora: aparece la sala de lo Contencioso Administrativo para darle la razón a la Junta Electoral Central en algo que es aberrante en derecho, que no se sostiene por ningún sitio y que atenta fundamentalmente contra la democracia. Y como aquí todo está trampeado, la pregunta está sobre la mesa: ¿cuando las decisiones que se están tomando son manifiestamente injustas, hay que obedecer o desobedecer?

La Junta Electoral se mete donde no le llaman

Negarse de entrada a retirar una pancarta que pide la libertad de los presos políticos durante campaña electoral es el punto de partida de todo esto. No es un robo, no es una prevaricación, no es un sobresueldo. Es una pancarta que expresa una voluntad compartida por personas de distintas ideologías y diferentes partidos políticos: no era un mensaje partidista en absoluto. Era una denuncia que además han secundado desde distintas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, desde el Consejo Europeo, desde Naciones Unidas. Y además, la dichosa pancarta se retiró, algo más tarde de lo que se pedía, pero se retiró y se cambió por otra. Pues bien: a partir de ahí comienza un camino de esperpentos que no hay manera de justificar, a no ser que hayas sacado la carrera de derecho igual que Pablo Casado. Y ¡ojo!, que creo que esto puede tener mucho que ver en muchas de las cosas que suceden. Pero de esto hablaremos otro día.

La Junta Electoral se mete donde no le llaman. Se extralimita. Pero lo triste es que resulta que al final, parece ser que se ha metido donde sí le han llamado, y precisamente se está utilizando para que parezca que es alguien que tiene algo que decir. Y si nos pareciera absurdo lo que dice, ya está el Tribunal Supremo para respaldarlo. “Ahhh… En ese caso, si el Supremo le da la razón a la JEC, entonces habrá que comérselo con patatas”, han dicho algunos. Y así se pasa página. Una tras otra. Porque en su día, para Soraya y Mariano, desoír los informes de los abogados era un ejercicio de su libertad. Porque las sentencias del Tribunal Constitucional son ejecutivas siempre y cuando no se trate de El Castor. Más bien son ejecutivas y obligatorias cuando se trata de Catalunya. Es una evidencia, pues aquí se han estado saltando las opiniones del TC por todas partes y nunca ha pasado nada, hasta que han venido los catalanes a ponerlas en duda. Lo explicó en su intervención ante Marchena el señor Turull, y lo hizo de una manera tan brillante que todavía resuena por las paredes del Supremo.

Desobedecer la decisión administrativa sobre la inhabilitación de Torra, permitiéndole seguir como diputado habría supuesto que se pudiera imputar a la Mesa del Parlament de desobediencia. Terrible. Pero, vaya, justo después del lunes, llegó un aviso de que la Mesa del Parlament será investigada por desobediencia. ¡Vaya! No por defender el escaño de Torra, no. Sino por haber permitido que se sometiera a votación una resolución que criticaba a la monarquía y defendía el derecho de autodeterminación. Chim pon. Puestos a ser desobedientes, está visto que no es cuestión de valentía, sino que tal vez la razón por la que se desobedezca tenga algo que ver.

El independentismo tiene que hacer un ejercicio de sinceridad de una vez por todas, consigo mismo

Desde ERC entienden que no tenía sentido comprometer al Parlament por defender el acta de diputado de Torra. Básicamente, venían a decir que no pasa nada, porque ese escaño lo ocuparía otro, mantendrían el voto, y Torra seguiría siendo president. Aunque están totalmente en contra de lo que está pasando, que conste en acta. Pero que no era necesario desobedecer por esta cuestión. Así se genera la duda: cuando una situación es manifiestamente injusta, ¿la desobediencia es la respuesta, siempre y cuando vaya a favor de tus intereses? Porque puestos a analizar las desobediencias, desobedecer al llevar al pleno una resolución donde se critica a la monarquía y se defiende la autodeterminación es un acto político, reivindicativo, pero no deja de ser un papel, un escrito y una declaración política. O sea, eso que durante el juicio al procés se ha repetido una y mil veces que era algo así como “un brindis al sol”, una declaración de deseos, vaya.

Sin embargo, defender el escaño de un diputado, que está intentando ser atacado de manera absolutamente irregular, indecente y perniciosa para todos los demócratas ya es otro cantar, según parece. ¿Por qué no merecía la pena desobedecer en este caso? Total, la investigación por desobediencia iba a ser la misma, idéntica a la que se ha abierto por permitir el debate parlamentario de la resolución. A no ser que nos estemos perdiendo algo, y en realidad, la intención fuera debilitar a Torra, generar un follón absurdo y provocar así la convocatoria de unas elecciones en las que, casi con seguridad, veremos un nuevo mapa: PSC, comunes y ERC reproduciendo de alguna manera un acuerdo que se explique como una “ampliación de la base”, rebajando los objetivos independentistas y abriendo las posibilidades a una consulta descafeinada. Y en esta ecuación los de Puigdemont sobran, serán los enemigos a combatir.

De hecho, en realidad ya lo eran. Para qué nos vamos a seguir engañando. Lo eran desde que no se invistió a Puigdemont telemáticamente; lo eran desde que para alguien era más importante “quedarse a defender su país”; lo eran desde que se intentó criminalizar a los exiliados —incluidos Comín y Rovira—; lo era desde que no se quiso la unidad el 21-D, ni en las elecciones europeas; lo eran desde que no se ha querido hablar claro. Sin embargo, también hay que decirlo, hay muchas personas que no se están sintiendo representadas con lo que ha sucedido. Y esperan con ganas unas nuevas elecciones para poder poner sobre la mesa las cosas claras. Es momento, por lo tanto, de no hacerse más trampas, de no engañarse más, de ser claros y hablar claro: el independentismo tiene que hacer un ejercicio de sinceridad de una vez por todas, consigo mismo. Y asumir los retos que tiene por delante.

Sería momento de garantizar un proceso electoral con todas las garantías: que ningún voto se pierda por el camino, que los votos en el exterior estén garantizados, que haya un proceso paralelo de observación electoral (como se hizo el 21-D) y que, sobre todo, se hable claro y se juegue limpio.