¿Modernización de qué?

   Llegó a Madrid Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para decirle al gobierno del Reino que su “Plan de recuperación y resiliencia de España”, con sus 30 componentes, 211 unidades y 416 hitos, estaba aprobado con diez sobresalientes y un notable. 69.500 millones en transferencias, que no créditos, son la zanahoria al final de la caña que se sitúa allá por 2026.
De momento, ni siquiera ha salido al mercado el paquete de deuda UE comprometida que debe financiarlos.
Ya se sabe, “preocuparse es de cobardes”.  Poco importa que tales “menudencias” puedan arruinarlo todo. Por ahora ahora, se tira de deuda pública que está barata. Así, de los 23 mil millones previstos para este año solo llegarán 9.000 a los que, para sumarle otros 3.000, se exige como condición aprobar las reformas del mercado laboral y
de las pensiones antes de acabar 2022. 
Coche eléctrico, estrategia de movilidad sostenible, plan de digitalización de Pymes, extensión del 5G, nueva política industrial, energías renovables. En resumen: modernizar. Ahora bien, esa modernización se encuentra sometida al dominio de los jefes de los bancos, las eléctricas, las constructoras y los altos funcionarios que les sirven.
En resumen, en sus manos todo se reducirá esencialmente a saber qué trozo del pastel, sea el que sea, pillan a cada
uno de ellos. Eso es lo que se esconde en la llamada colaboración “publico-privada”.
Claro que hay que modernizar, comenzando por el propio aparato del Estado, que es necesario democratizar para
reducir su coste parásito. Hay que perder de vista a toda la familia Real, elegir jueces, fiscales, bajar el número de
militares e incrementar el de docentes, cuidadores o sanitarios. Hay que remozar la industria, vertebrándola junto a la universidad sobre una potente red pública. Se debe rebajar el coste de la luz para no ahogar a familias y pequeño negocio, hay que frenar la acelerada despoblación de enormes zonas y por encima de todo, se debe sacar al 20%
de la población de la creciente pauperización, parar desahucios, acabar con la violencia sobre las mujeres y garantizar la existencia material de todo el mundo.
Pero no es esa, la de los derechos en su sentido republicano, la modernización que buscan los más ricos.
Muy solo se ha quedado el trío de Colón (PP, Vox y C’s) con su rechazo a los indultos de los 9 presos políticos encarcelados; ni el jefe de la CEOE, ni los obispos catalanes les apoyan. Recuperar el orden es lo que preocupa
a estos conversos de última hora. En eso son igual que Sánchez. Pero, a la vez que los indultos aligeran, no representan la solución.
El problema es político y se llama amnistía y autodeterminación. Llegó a Madrid, tras recorrer muchos
kilómetros por toda España, la marcha por la libertad del Sahara Occidental. En la Puerta del Sol el estruendoso
silencio de 45 segundos (uno por cada año del conflicto saharaui) de los miles allí presente nos volvió a recordar
que la salida, también aquí, se llama autodeterminación y cumplimiento del mandato de la ONU.
El sábado que viene caen las mascarillas en espacios al aire libre y con distancia, pero no la cara de vergüenza
a la recién investida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso por su amparo y protección del discurso racista de Vox en la propia Asamblea de Madrid contra el diputado de Podemos, Serigne Mbaye.
Con ello sella el pacto reaccionario, xenófobo y patriarcal que regirá las instituciones de Madrid y oficializa su relación con Rocío Monaterio.
Solo nos queda el valor seguro de la calle y su capacidad de respuesta. Un ejemplo lo tuvimos en la exitosa movilización del domingo en defensa de la sanidad en Madrid. Otro lo vimos en Galicia (ante el Pazo de Meirás)
exigiendo verdad, justicia y reparación.

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