Por seis votos a cinco, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que el estado de alarma, aprobado por el gobierno y refrendado más tarde por el Congreso en la fase más dura de la pandemia, fue ilegal. Eso sí, fue ilegal por blando. El Tribunal ha señalado que, para limitar la movilidad como se hizo, no había más remedio que liquidar todos los derechos por un plazo de 60 días y declarar, tras su paso por la cámara de diputados, el estado de excepción. Con esta sentencia un órgano en funciones, pendiente de renovación, que responde por su composición a la mayoría de la anterior legislatura de Rajoy, con el mandato de varios de sus miembros caducado y con uno de sus magistrados dimitido y no sustituido, ha decidido impartirnos a todos una “nueva lección de democracia y respeto al estado de derecho”. Directamente, no tienen vergüenza. Recordemos que el recurso contra el confinamiento de marzo del 2020 lo presentó Vox y la ponencia la redactó el magistrado Pedro González-Trevijano, miembro del tribunal a propuesta del PP y ex rector en “el momento master Cifuentes” de la Universidad RJC. La sentencia representa una nueva declaración de guerra de elementos no electos y opacos, pero fundamentales del régimen del 78, contra el gobierno de coalición progresista. Debilitarlo y derribarlo es lo único que le interesa a la reacción. Se pone otra vez de manifiesto que la única enmienda posible al régimen radica en los principios republicanos. Es decir, la organización del Estado a partir de garantizar el sometimiento de todo poder a la elección, la voluntad y el control del pueblo. Algo que, como puede verse, se encuentra muy alejado de los usos y costumbres de esta segunda restauración borbónica. |