Asesinan a dirigente campesino paraguayo vinculado al Frente Guasú

agosto 15, 2013

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Lorenzo Areco, dirigente campesino en el departamento paraguayo de Concepción, fue asesinado hoy a balazos mientras se dirigía a la sede de la Organización Campesina Regional (OCRC), denuncio la coalición de izquierda Frente Guasú, informa Prensa Latina.

Areco, afiliado a esa agrupación, resultó muerto cuando tripulantes de un auto le dispararon mientras se desplazaba en una moto hacia el local mencionado.

Una declaración del Frente denunció que Areco fue ultimado por la mafia narco-política por ser un referente campesino caracterizado por su honestidad, firmeza y trabajo a favor de la justicia social en el país.

La víctima era secretario de la Organización Campesina Regional para atender a los labriegos sin tierra y la reforma agraria y sus compañeros vincularon el atentado que le costó la vida a esa lucha, acusando como responsables intelectuales a políticos de la zona.

El Frente Guasú dijo que a los 38 años de edad formaba parte del comité ejecutivo de la (OCRC) y su muerte violenta es el tercer asesinato de dirigentes sociales en ese departamento en los últimos 10 meses.

Fue acribillado sobre la ruta 5, a metros del local de su organización, la Organización Campesina Regional de Concepción(OCRC), del cual era secretario de sintierras. Sus compañeros y compañeras vinculan el suceso a la lucha por la tierra y atribuyen a politicos de la zona. Es el referente campesino número 131 que es asesinado desde 1989 Paraguay.

Lorenzo Areco, de 38 años,  formaba parte del comité ejecutivo de la OCRC, organización de familias campesinas de todo el departamento de Concepción, con sede en Yvy Yaú (424 kilómetros al Norte de la capital paraguaya). Era secretario de Sintierras y de Reforma Agraria. Desde enero último trabajaba en la municipalidad local como director del catastro.
   Era uno de los dirigentes principales de la comunidad campesina de Reconquista, una base de la organización regional ubicada a unos kilómetros de Yvy Yaú donde 28 familias habían conseguido tierra a partir de una ocupaciñón durante los años 2004 y 2005. Las familias desde hace unos años tuvieron conflictos con políticos de la zona, debido a la forma de tenencia asociativa de la tierra que predomina en el mencionado asentamiento.
    También acompañaba desde su cargo a muchas otras bases y familias sin tierras de la región y coordinaba con ellas medidas para acceder al derecho a la tierra. 
    A las 13 horas de hoy terminó su jornada laboral en la muncipalidad de Yvy Yaú, fue a almorzar y se dirigía sobre su moto hacia el local de la OCRC, ubicado en el kilómetro 105,5 de la ruta Bernardino Caballero (que une Concepción con Pedro Juan Caballero), donde vivía.
Medio kilómetro antes de llegar a destino, sobre el kilómetro 106, una camioneta 4×4 plateada, aparentemente Toyota Hilux se le acercó y desde el interior de ella empezaron a disparar contra Lorenzo, hasta acribillarlo. Murió al instante. 
   “Esto forma parte de la política de asesinato selectivo de dirigentes campesinos de la región”, señaló un referente de la organización. El mismo comentó que el compañero asesinado se vinculó a la organización desde 2004 y que sería velado brevemente en el local de la organización para ser llevado a su casa familiar. Se evalúa sepultarlo en Reconquista.


España: última colonia de Monsanto, por Lucía Villa

agosto 4, 2013

Mientras la industria se retira de la UE por la falta de interés y la polémica que envuelve a los transgénicos, España ha incrementado un 20% el número de hectáreas dedicadas a su cultivo en el último año. Acapara el 67% de los experimentos al aire libre y el 90% de los terrenos con organismos genéticamente modificados de todo Europa.  El maíz transgénico MON-810 es el único producto genéticamente modificado cuyo cultivo comercial está permitido en la UE.  maiz transgénico

Ni insectos exterminadores, ni olas de frío, ni sequías prolongadas. La plaga que ha conseguido acabar con las semillas transgénicas en casi todo Europa no ha sido otra que el rechazo creciente de sociedad y clase política a los organismos genéticamente modificados (OGM). España, donde los sucesivos gobiernos han respaldado siempre a la industria de la biotecnología, sobrevive a contracorriente como la última esperanza europea de un sector que, a excepción de EEUU y Canadá, obtiene potenciales beneficios de las tierras de países en vías de desarrollo.

Aquí, lejos de la tendencia del resto del continente, los terrenos con cultivos transgénicos han aumentado un 19% con respecto al año anterior, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 138.543 hectáreas en total, que suponen más del 90% de todo el sembrado genéticamente modificado de la UE. El 10% sobrante se divide en pequeños campos de Portugal, República Checa, Rumanía y Eslovaquia, con apenas repercusión en el mercado internacional. El resto de Estados miembros se abstienen.

Hace menos de un mes, Monsanto, el mayor fabricante mundial de semillas transgénicas del mundo, anunciaba su decisión de retirar todas las solicitudes para nuevos cultivos modificados genéticamente en la Unión Europea. Lo hacía, según comunicó la multinacional estadounidense, debido a la “falta de perspectivas comerciales” para la biotecnología en la región. Las cinco peticiones para plantar variedades de maíz, soja y remolacha para azúcar de Monsanto llevaban años a la espera de que la Comisión Europea diera el definitivo visto bueno, pero la fuerte oposición ciudadana, sumada a el veto contra los OGM de Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Bulgaria, Austria y Hungría mantiene estancado el proceso de aprobación. Los terrenos con cultivos transgénicos en España han aumentado un 19% con respecto a 2012

“La Comisión podría aprobarlas, pero es un marrón que nadie está dispuesto a asumir porque la población se les echaría encima y porque tampoco ha despertado gran interés entre los agricultores”, señala Blanca Ruibal, responsable de Agricultura y Alimentación de la ONG Amigos de la Tierra. Hace un año y medio, también la empresa química alemana BASF renunció a desarrollar cosechas transgénicas en Europa y trasladó sus operaciones de investigación a Estados Unidos ante la falta de apoyo de los países comunitarios.

La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), que aglutina a entidades que desarrollan actividades de biotecnología en España, considera que las prohibiciones de algunos países a los OGM son “ilegales” puesto que la decisión es competencia de la Comisión y no de los estados en particular. “No es de recibo obstaculizar el progreso de los agricultores privándoles de la libertad para aumentar la producción. Los que proponen la prohibición del cultivo deberían añadir a quién van a privar del alimento o qué espacios naturales proponen roturar como consecuencia de sus propuestas”, sostienen.

Monsanto sólo mantendrá por ahora la solicitud para el maíz MON-810, el único OGM autorizado para su cultivo comercial dentro de la UE, presente sobre todo en España. Esta variedad de grano, cuyos genes han sido modificados para sobrevivir a las plagas del taladro, obtuvo luz verde hace 15 años a través de una autorización con vigencia para una década. La Comisión Europea debería haber decidido sobre su renovación en 2008, pero no lo hizo. Después de cinco años en los que se ha seguido sembrando con una licencia expirada, se espera que las autoridades europeas tomen pronto una decisión al respecto. De ser negativa, supondría el fin de la agricultura transgénica en Europa.

El respaldo a los transgénicos en España no es mucho mayor que en el resto de Europa. De hecho, el rechazo es mayoritario. El último Eurobarómetro sobre biotecnología publicado en 2010 refleja que el 53% de los españoles se opone a la técnica de insertar genes de otra especie en un fruto para hacerlo más resistente. El apoyo ha ido disminuyendo considerablemente desde 1996, cuando era del 66%; a 2010, con el 31%.

Tampoco los estudios realizados han demostrado que de los cultivos con maíz transgénico se obtenga mayor rendimiento que de los de maíz convencional. Según Greenpeace, el Ministerio confirmó en una carta reciente a la ONG esta información. Este periódico consultó al departamento de Arias Cañete sobre la cuestión, pero aseguró no poder proporcionar una respuesta a tiempo para la fecha de publicación de este artículo. Ante este escenario, la causa de que nuestro país constituya casi el único baluarte de la industria transgénica en Europa hay que buscarla en el espaldarazo institucional a esta tecnología. Los cables de la embajada de EEUU en España publicados por Wikileaks en 2010 revelaron la alianza entre los dos gobiernos para hacer presión por el sector.

Tampoco la industria esconde sus intenciones. El grupo de trabajo sobre Agricultura y Medioambiente de ASEBIO, coordinado por Monsanto, establece entre sus misiones la de “contribuir a desbloquear obstáculos administrativos para un mayor empleo de la biotecnología en la agricultura”. El grupo señala que “ha participado en varias consultas sobre textos legislativos” y en la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE.

“Hay un interés detrás por demostrar que los cultivos transgénicos están en crecimiento constante y que están siendo aceptados por los agricultores”, dice a Público Luis Ferreirim, responsable de la campaña de Agricultura y Transgénicos de Greenpeace. Ferreirim asegura que el número de hectáreas cultivadas publicadas por el Ministerio son sólo “estimaciones” que no se corresponden con la realidad, puesto que están basados en datos de ventas de semillas proporcionados por la misma industria. “No todas las semillas se utilizan, las hectáreas reales son muchas menos”, afirma.

Los grupos ecologistas llevan años demandando al Gobierno que haga un registro público con la localización exacta de las parcelas donde se cultivan transgénicos, tal y como ordena una directiva europea. Su principal denuncia es que al desconocerse esta información, los agricultores convencionales no pueden prevenir una hipotética contaminación procedente de las siembras genéticamente modificadas. Muchas de ellas son cultivos en fase todavía de experimentación que se realizan al aire libre. “Estamos hablando de plantas a las que se les han insertado otros genes y que no se sabe cómo reaccionarán. Además se polinizan fácilmente”, sostiene Ruibal.


Movimiento campesino en Catatumbo, el Gobierno lo pretende invisibilizar, por Horacio Duque Giraldo

julio 2, 2013
La maquina mediática y su monopolio comunicacional quieren invisibilizar el formidable alzamiento campesino en la región del Catatumbo, sus 11 municipios y sus más de 200 mil habitantes.A despecho de esa movida no democrática, el proceso de movilización en dicha zona le ha mostrado a Colombia y al mundo, cual es la situación real de millones de personas, sometidas a la segregación social, la pobreza, la miseria y la violencia sanguinaria de los aparatos armados del Estado oligárquico.invisibilidad
Los problemas en dicha región son de vieja data y de mucha gravedad social y política. Allí viven indígenas Barí o Motilones que resistieron el colonialismo español y hoy son una pequeña minoría de 3000 personas organizadas en dos resguardos indígenas. Se trata de un área con inmensos recursos petroleros, mineros, ambientales, agrícolas y estratégicos. Los paramilitares en contubernio con las Fuerzas Armadas y policiales del gobierno han sometido por largos años la población a campañas de exterminio y violencia con masacres, desaparición, cárcel, torturas y despojo de sus tierras y economía.Mancuso, el jefe de las AUC impuso el terror y la muerte al terminar el siglo XX y al comenzar la actual centuria. El Iguano, otro demencial paramilitar, llevóa niveles hitlerianos el rastrillo asesino que contó con el apoyo de la clase política de Cúcuta y Norte de Santander. Todos los políticos de esta región han hecho, y hacen parte de la maquinaria de terror que azoto al Catatumbo. Basta con examinar las hojas de Vida de gamonales como Barriga, Corzo, Clavijo, Mora, Suárez Corso y los mandamases de Ocaña, para comprobar su alta responsabilidad en la tragedia del Catatumbo.Son todos políticos santistas que se apropian de las rentas públicas, como las regalías y las transferencias nacionales, y acuden a la violencia de las bacrim para aplastar las voces de la oposición popular.
Son los mismos que avalan la zona de recuperación y consolidación estratégica que manejan las brigadas y batallones militares y se oponen, desde hace años, al funcionamiento de la Zona de Reserva Campesina y sus avances significativos en planeación y organización de la producción agrícola.  Estos políticos son los artífices del despojo y apropiación particular de los dineros asignados, mediante un Conpes, para la construcción de vías, acueductos, escuelas, hospitales y financiamiento de proyectos productivos.
El Catatumbo, Cúcuta y Norte de Santander es una de las áreas más afectadas por el desplazamiento forzado de miles de familias campesinas.Todas estas circunstancias, más una erradicación de los cultivos de hoja de coca realizada de manera arbitraria, aceleraron el potente alzamiento campesino que ya casi completa un mes. Fenómeno que se demoraba en su manifestación, pues todos los elementos estaban dados para que así ocurriera. En el Catatumbo, como ocurrió en el norte del Cauca hace algunos meses, se ha hecho sentir un poderoso poder popular que se planta firme en sus reivindicaciones y reclamos. Es un poder popular independiente, soberano, expresión de la democracia social, que indica la tendencia general de nuestro pueblo a conquistar los espacios del derecho y las libertades, al margen de la seudo democracia liberal y electorera que sirve de festín a la politiquería burguesa y terrateniente tradicional. Por toda Colombia están en curso procesos como el del Catatumbo que reflejan un acumulado político y social de difícil manipulación por la camarilla dominante.

Colombia, por la inmediata puesta en libertad de los dirigentes de Astracatol

mayo 30, 2013

c olombiaEl 9 de mayo el    Ejército de Colombia llevó a cabo una captura masiva de dirigentes campesinos del sindicato ASTRACATOL, afiliado a FENSUAGRO-CUT en diferentes veredas del departamento del Tolima, respondiendo a un requerimiento del Juzgado de Purificación, cuya fiscalía les acusa de “auxiliadores de la subversión” y de “rebelión”, por supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC-EP, basándose en testimonios de testigos a sueldo del Estado (red de cooperantes). Es un claro montaje judicial dirigido a reprimir la protesta social contra los megaproyectos hidroeléctricos y mineros que diferentes multinacionales adelantan en la región.
Cabe señalar que los ocho detenidos Ramiro Bazurdo González, Guillermo Antonio Cano Borja, Floricel Buitrago Cangrejo, Norberto García García, Gonzalo Ernesto Pastor Mora, Constantino Mayorga García, José Guillermo Pacheco Cruz y Edilberto Mayorga García son líderes campesinos del sindicato ASTRACATOL y forman parte del movimiento político y social Marcha Patriótica. Guillermo Antonio Cano Borja es Coordinador de Derechos Humanos de ASTRACATOL y miembro del Ejecutivo de FENSUAGRO, y participó en el Foro sobre Participación Politica organizado en Bogotá por el PNUD y la Universidad Nacional del 28 al 30 de abril, precisamente para aportar a la Mesa de Diálogos de La Habana propuestas encaminadas a garantizar que en Colombia se pueda ejercer la participación política sin que esto suponga ser criminalizado, amenazado, desplazado o asesinado por actores estatales y paraestatales.
El ejercicio de la actividad sindical, la defensa de los derechos de los trabajadores del campo, de la vida, del territorio y de la soberanía no son delito, sino un derecho político fundamental, consagrado en la Constitución y las leyes de la República de Colombia.
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL) viene sufriendo desde su formación en diciembre de 2007, al calor de las luchas campesinas que tuvieron su epicentro en Ibagué, la persecución y la violencia estatal y paraestatal. Varios de sus dirigentes han sido asesinados. En noviembre de 2011 otros ocho dirigentes de ASTRACATOL fueron detenidos masivamente en La Marina (Chaparral) en base a otro montaje judicial a partir de testimonios de personas que ha sido comprobado que son falsos desmovilizados, a sueldo del Estado, para montar falsos positivos judiciales en serie contra cualquier líder comunitario que se vuelva molesto al Estado o a las multinacionales.
Estos otros ocho miembros de ASTRACATOL Edwin Lugo Caballero, José Norbey Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín, Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey, continúan un año y medio después presos, padeciendo condiciones inhumanas de reclusión, sin que ninguna de las acusaciones haya podido ser probada. 
Estos niveles de criminalización y represión política contra organizaciones civiles como ASTRACATOL-FENSUAGRO y Marcha Patriótica muestran que el Gobierno y el Estado colombiano hablan de paz y hacen exigencias mientras descargan su máquina de guerra militar y paramilitar contra el pueblo desarmado, destrozando las vidas de miles de familias realmente comprometidas con la construcción de una Colombia en paz, donde los derechos políticos y sociales no sean papel mojado.

EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS:
            • La inmediata puesta en libertad sin cargos de los dieciséis dirigentes de ASTRACATOL judicializados sin pruebas, en base a falsos testimonios.
            • El cese de la represión y la persecución contra ASTRACATOL, Marcha Patriótica y todas las iniciativas civiles de resistencia y oposición en el Tolima contra los megaproyectos mineros e hidroeléctricos que amenazan con desplazar a miles de personas de los territorios en los que basan sus sustento, amén de causar daños irreparables al medio.
            • El cese de hostigamientos militares contra la población civil en las zonas de “consolidación militar”
            • El cese de la cobertura a grupos criminales paramilitares que hacen el “trabajo sucio” de amenazas, asesinatos y desplazamiento contra las personas que molestan a las multinacionales o/y al Estado.
            • Garantías efectivas para el ejercicio de los derechos políticos, sindicales, de libertad de expresión, reunión y asociación en Colombia, dentro del marco constitucional, para que se pueda hablar de participación política y Estado de Derecho sin que suene a cruel burla contra la población


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