Cuentas claras. Alfredo Vera Arrata

noviembre 1, 2017

Hasta el momento de escribir estas líneas, no aparece ninguna acusación concreta en contra de Jorge Glas y sin embargo, se lo mantiene privado de la libertad y continúa siendo víctima del linchamiento mediático, particularmente por parte de los órganos de comunicación en manos de la oligarquía.

Es evidente que no cave mantener en la cárcel a un ciudadano, que como todos, goza del derecho constitucional y universal de considerarse inocente, mientras no se demuestre ilegalidad dolosa.

Algunos han tenido la villanía de pedir que Glas dé un paso al costado, para facilitar el debate sobre su inocencia.

Como todo hombre de bien, él rechazó la sugerencia, porque se considera víctima de calumnias, de suspicacias.

Quien nada debe no tiene que dar pasos sino adelante, o cuando más, mantenerse firme en su sitio, para seguir demostrando que se atacado por odio político.

Aunque tengan interés los sectores antagónicos al régimen anterior, no se puede ni se debe atropellar los derechos humanos de los personajes vinculados a los problemas del Estado.

Sólo los bailarines dan pasos a los costados y los culpables dan marcha atrás para eludir el castigo que merecen si han cometido algún delito.

Muchos sectores vinculados a los procesos que tiene que ver con la marcha política del país, están expresando su desacuerdo con la consulta popular anunciada, porque encuentran que varias de las preguntas están reñidas con la norma constitucional.

Una de las preguntas pretende eliminar varios órganos institucionales que rigen actividades del país en diversos aspectos.

Fundamentan su oposición, en que de ganar el SI, con el argumento de consolidar la democracia, el Ejecutivo quedaría facultado a designar a dedo las ternas para reemplazar las autoridades de control y ocupar así estas importantes funciones.

Los actuales componentes obtuvieron su ubicación a través de concursos de méritos. Es probable que se argumente que los concursos fueron amañados: Si no se puede demostrar el acerto, se podría pedir que el voto ciudadano apruebe la realización de nuevos concursos supervisados por veedores electos por la Asamblea Nacional.

Otra pregunta que es cuestionada es por tener dedicatoria en contra de un solo ciudadano, Rafael Correa, tratando de impedir su postulación a una futura elección.

Las acciones gubernativas y los resultados de procesos consultivos no pueden tener beneficiarios que invaliden las ejecutorias del gobierno anterior, deberían ser para beneficio de la sociedad en su conjunto.

El pueblo soberano tendrá la última palabra.


Adolfo Pérez Esquivel denuncia, “una clara violación a los derechos humanos del Pueblo Mbya” en Misiones-Argentina

diciembre 22, 2016

esquivel-620x400Informa Resumen Latinoamericano.

En su condición de presidente de la Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, remitió una carta al gobernador de la Provincia de Misiones, Hugo Passalacqua, referida la situación por la que atraviesan las Comunidades Mbya Ysyry, Aguay Poty, Aguaray Miní y Nuevo Amanecer ubicadas en el Municipio de Delicia.Prensa ENDEPA

“A fines de noviembre del corriente año, hemos recibido unas denuncias de las Comunidades mencionadas precedentemente, las que a pesar de contar con su relevamiento territorial, están teniendo conflictos con algunos de sus vecinos. Los primeros reclamos de los caciques de las Comunidades, fueron dirigidos al Intendente, Sr. Ebert Vera, y se debieron a la intención de la Municipalidad de construir una terminal de ómnibus en el territorio comunitario sin consulta. Además de ello, la empresa forestal Pindó, intentó ingresar en el territorio comunitario y nuevamente los caciques de las Comunidades denunciaron dicha situación” indica Pérez Esquivel en su misiva.

Así mismo, agrega que “Luego de algunas reuniones, la última de las cuales estuvieron presentes la Subsecretaría de Tierras, los Ministerios de Gobierno, de Derechos Humanos, el Intendente del Municipio, Caciques, colonos y empresarios, se llegó a un principio de acuerdo, pero, lamentablemente no se cumplió, ya que algunos colonos comenzaron a alambrar las tierras en conflictos apoyados por el propio Intendente”.

Esta situación, advierte Pérez Esquivel, “denota una clara violación a los derechos humanos del Pueblo Mbya Guaraní, un desconocimiento de los derechos indígenas reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y una falta de respeto de las comunidades indígenas, que durante décadas han debido soportar saqueo, expoliación de sus recursos y discriminación. Esta situación se ve agravada por una campaña iniciada por parte de los medios locales de comunicación, en contra de las comunidades, acusando a sus miembros de ser intrusos y violentos, hechos que todos sabemos que no son reales”.

Finalmente , Pérez Esquivel solicita al gobernador de Misiones que “que arbitre los medios necesarios para resolver lo descripto precedentemente, pero a su vez comunique al Intendente los derechos que poseen los Pueblos Indígenas, en particular el que refiere a la consulta y participación, que deben ser respetados por todos los funcionario público de nuestro país”.


¡Basta ya de perseguir y torturar a nuestros niños y jóvenes! Adolfo Perez Esquivel

octubre 11, 2016

“Una sociedad que no protege a sus niños, es una sociedad que perdió su espíritu e hipotecó el presente y futuro”

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Desde la Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), organismo de DDHH, cuyo presidente es el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel repudiamos enérgicamente, los abusos, torturas y humillaciones por parte de distintas fuerzas de seguridad hacia niños y jóvenes, ocurridos recientemente.

Dos casos aberrantes sucedieron estos días que tuvieron como protagonistas, en uno de los casos a un niño de 8 años quien fue llevado preso por la policía en la ciudad de Buenos Aires, violando todas las leyes y tratados internacionales que lo protegen debido a su corta edad. El otro, dos jóvenes, Ezequiel e Iván de 15 y 18 años, integrantes de la revista La Garganta Poderosa, fueron golpeados, torturados, corridos, atemorizados y humillados por alrededor de 10 prefectos en la villa 21-24.

El Estado una vez más viola los derechos de la niñez y los jóvenes, persiguiéndolos, torturándolos y reprimiéndolos. Hasta el momento desde ningún ministerio, secretaria, etc. encargados de resguardar estos derechos se ha manifestado públicamente ante estos hechos atroces. (1)

La llegada de más fuerzas de seguridad al gran Buenos Aires, con la excusa de combatir la denominada inseguridad son parte de una política que no busca combatir el delito, sino de controlar a la población y especial a los jóvenes de los sectores más vulnerables y empobrecidos de la sociedad quienes son el blanco predilecto de la violencia estatal con el objeto de disciplinarlos y normalizar el conflicto a partir del uso de la fuerza, el miedo y la represión. Estas prácticas inmovilizan y hacen perder la perspectiva de los derechos a partir de su naturalización.

Distintos informes y estadísticas dan cuenta de esta vulnerabilidad, una gran cantidad de niñas, niños y jóvenes se enfrentan con diversos obstáculos para hacer efectivo sus derechos, los índices de pobreza tiene una mayor incidencia en este sector de la población lo que constituye la denominada infantilización de la pobreza. Esta situación priva a las familias y a niños, niñas y adolescentes del estado de bienestar y del pleno goce de sus derechos.

Hacemos llegar nuestra solidaridad al niño, a los jóvenes Iván y Ezequiel y a sus familias. Exigimos al Estado que cese con la estigmatización y persecución hacia este sector de la población, que se le aplique el castigo correspondiente a los integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron de los hechos, y que arbitre los mecanismos necesarios para que cesen las violaciones a los derechos de los niños, niñas y jóvenes, con la creación de políticas públicas contundentes que los protejan.


¿Fondos para el desarrollo para empresas acaparadoras de tierras? . Gustavo Duch

junio 2, 2015

Dos investigaciones basadas en informaciones empresariales y en testimonios directos revelan que instituciones financieras europeas de cooperación al desarrollo están implicadas en el nuevo agrocolonialismo en el Congo

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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el CDC Group del Reino Unido y otras instituciones financieras de desarrollo están actualmente financiando a Feronia Inc., una empresa agrícola canadiense productora de aceite de palma, acusada de apropiación de tierras y abusos de derechos humanos en uno de los países más empobrecidos del mundo, la República Democrática del Congo (RDC).

Los líderes de la comunidad que vive en las más de 100.000 hectáreas ocupadas por el monocultivo de palma africana de la empresa afirman que estas tierras fueron apropiadas ilegalmente y que nunca dieron su consentimiento para la instalación de Feronia.

La palma africana se ha convertido en ‘el monocultivo del siglo XXI’ y su expansión no parece detenerse, arrasando con millones de hectáreas de bosques y tierras campesinas. El aceite de palma se usa en la industria agroalimentaria en miles de productos (cremas de queso y cacao para untar, bollería y pastelería industrial, cosmética, etc.) y cada vez más como agrocombustible para los motores de coches y camiones.

“Por encima de todo, exigimos el inicio de las negociaciones para conseguir nuestros derechos a las tierras que fueron tomadas ilegalmente de nosotros”, dijeron el pasado 8 de marzo en un comunicado entregado a la organización local RIAO-RDC y a la organización internacional GRAIN, más de 60 jefes comunitarios de Yahuma, el Distrito de Lokutu donde se encuentran el 90 por ciento de la plantación de palma aceitera de Feronia. Los líderes comunitarios entrevistados también hablaron de un régimen brutal de explotación de las personas trabajadoras, con salarios de 1,50 dólares al día, una cifra significativamente menor que el salario mínimo del país. Mientras, GRAIN calcula que “en 2010 los principales directores de Feronia cobraron mil veces el salario medio anual de los trabajadores de su plantación”.

Feronia viola claramente principios que agencias como la AECID deberían respetar escrupulosamente, pues su mandato es apoyar la mitigación de la pobreza en los países en desarrollo y deben operar dentro de estrictos principios que les impiden invertir en empresas que monopolizan la tierra, acaban con las formas de vida de muchas familias y violan la legislación laboral, agudizando las causas que obligan a la migración forzosa de miles de personas, muchas de ellas con destino a Europa.

Los líderes de la comunidad Lokutu también informaron que Feronia impide la utilización de las tierras de su concesión para mantener los animales y huertos de subsistencia de la población local, aunque muchas de estas tierras están sin trabajar. Se han dado casos de personas que han sido multadas, azotadas y enviadas a prisión por recoger frutos en estos terrenos.

“Los líderes comunitarios de las zonas donde opera Feronia están cansados de este negocio”, dijo Jean-François Mombia de RIAO-RDC. “Quieren que Feronia devuelva las tierras para poder de nuevo vivir de sus bosques y en sus granjas”. De la misma manera, “las organizaciones de desarrollo (como la AECID) deben hacer lo que es correcto: hacer que la tierra vuelva al pueblo de la República Democrática del Congo y darles una compensación por los años de sufrimiento que han soportado”, ha reclamado Fernando Fernández de la ONG Mundubat.


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