blog de Montserrat Ponsa

Tras la muerte del dictador, los poderes fácticos del Estado tejieron una red de alianzas con los pequeños grupos de la oposición y presentaron un escenario de democracia formal, que en sus fundamentos era un franquismo al que se había aplicado un lifting de mínimos. En esa operación cosmética de peluquería de barrio se incluían unos partidos políticos etiquetados como “de derechas y de izquierdas”, un grueso de normas y procedimientos que llamaron “constitución” (que incluían capítulos redactados por los militares fascistas) y una aparente descentralización administrativa (las comunidades autónomas) para encubrir los derechos de las naciones históricas del Estado.

Luego se pidió al pueblo que votara y el pueblo, en su gran mayoría temeroso y desorientado, votó a favor de lo que la autoridad competente presentaba. Y así hemos llegado hasta aquí.

El espectáculo se ha mantenido incólume durante más de cuarenta años, pero hace aguas por todas partes y tiene un futuro dudoso. Hay varios frentes que explican el derrumbe del tinglado y hay que tratarlos separadamente.

El primer frente es el ideológico. En el mundo occidental (es un eufemismo) los partidos oficiales de derechas e izquierdas se han integrado, en la praxis, en un magma liberal-conservador, con pequeñas diferencias. Las TIC’s, la globalización, la financialización de la economía y el peso del “Big Business” a escala mundial han producido una transferencia de poder hacia el gran capital, que utiliza a los políticos profesionales como empleados bien remunerados. En el Estado Español, a la pequeña escala que le corresponde, ha ocurrido lo propio. Por un lado tenemos productos obsoletos (como el PP o el PSOE) y, por otro, tenemos nuevos entrantes (Ciudadanos o Podemos) lanzados al mercado como si se tratara de una nueva colonia para ejecutivos agresivos. Entretanto los fondos de cobertura internacionales, los fondos de inversión y los fondos soberanos, con la participación doméstica de las grandes empresas ayer públicas y hoy privatizadas, del lobby de obra pública dependiente del BOE y de la banca oligopolística, preparan las recetas que luego sus empleados servirán a los comensales: un poco de libertad, unas gotas de democracia, una pizca de patriotismo y todo bien revuelto y espolvoreado con “la Roja”.

El segundo frente es el económico y el fracaso del modelo desarrollado. Desde el plano de la economía política, en el sentido genuino del término (trabajar para la polis en términos de eficacia y eficiencia), la buena economía se fundamenta en la correcta asignación de recursos y, posteriormente, en su adecuada gestión. El Estado español ha fracasado siempre en lo primero y en lo segundo, beneficiando, eso sí, a las élites extractivas y rentistas que se han quedado el excedente generado. Ejemplos de mala asignación son abundantes, como las inversiones en la red radial ferroviaria de alta velocidad (absolutamente innecesaria), la proliferación de aeropuertos y su poco ajustada dimensión, el gasto extraordinario en armamento, la red viaria de autovías en zonas de escaso tránsito, la barra libre de polideportivos, etc. En paralelo, se han producido grandes vacíos en aquellas infraestructuras que sí eran claves para facilitar la actividad empresarial, como el ya famoso y abandonado “corredor del Mediterráneo” de mercancías. En lo que respecta a la gestión, lo difícil es encontrar un área que nos permita dar un aprobado. Por último hemos de referirnos a la transferencia de rentas entre comunidades, con el teórico propósito de crear plataformas de despegue económico en territorios poco explotados industrialmente. Los resultados han sido desastrosos. Se ha drenado de liquidez de forma sostenida a las zonas con cultura empresarial y óptima ubicación geoestratégica (el caso de Catalunya es paradigmático) y no se ha creado nada útil en las zonas subvencionadas. No sólo esto, se ha estimulado el subsidio como forma de vida.

El tercer frente es el político. Catalunya ha dicho basta. La voluntad mayoritaria y transversal de sus ciudadanos de decidir su futuro a través de un referéndum ha sido bloqueada por el Estado, que ha utilizado sus capacidades (legales y no legales) para dinamitar un proyecto de naturaleza democrática. Pero el contencioso se le ha ido de las manos al Estado español, gracias en parte a la proyección internacional de los políticos exilados. El hecho de que otros Estados no intervengan (los Estados se protegen unos a otros) no significa que parlamentarios, académicos, analistas, ensayistas, periodistas y políticos de todo el mundo no observen atentamente lo que está ocurriendo. El descrito como “espíritu de la Transición”, un relato inventado por el Régimen (que sigue incrustado en el “Deep State”), ha entrado en barrena. Nada se aguanta; ni la monarquía, ni la pluralidad de estamentos que la secundan, ni la pléyade de altos funcionarios que han vivido y viven graciosamente de este embolado.

Y ahora hay que votar y hacerlo, como mínimo, por triplicado. Hay unas elecciones generales (el parlamento del Estado), unas elecciones municipales (los ayuntamientos de cada población) y unas elecciones al parlamento europeo. Son temas distintos y hay que tratarlos separadamente.

Voy a referirme exclusivamente a Catalunya y a los catalanes, que es el único ámbito que me importa. Lo que hagan o dejen de hacer los españoles que viven en Catalunya (como la señora Arrimadas y sucedáneos) no es de mi incumbencia, aunque imaginamos que repartirán su voto entre el PSOE, el PP, Ciudadanos y Vox. Lo pueden decidir al azar, porque en el fondo se parecen mucho más de lo que aparentan.

En términos estratégicos, los catalanes deberían votar en las elecciones generales opciones independentistas (Junts per Catalunya, ERC, Terra Lliure) para conseguir luego un colectivo que tenga el suficiente peso como para bloquear ciertas decisiones del gobierno del Estado. Lo ideal hubiera sido una candidatura unitaria, pero las reticencias de la estructura de mando de Esquerra Republicana no lo ha hecho posible. Sus argumentos de que al ir separados se suman distintas sensibilidades independentistas no tienen base estadística y, a lo sumo, son una hipótesis de trabajo. Lo que no es una hipótesis es que la ley de Hondt premia a los partidos mayores. Parece que los que sí la conocen son los asesores del señor Casado, que tratan de evitar la incidencia de Vox en los territorios que ellos consideran de su propiedad.

Las elecciones municipales son más sencillas para interpretarlas en clave catalana. La recomendación es la misma y probablemente no habrá cambios significativos. También aquí nos hemos encontrado con la voluntad de Esquerra Republicana de trabajar con marca propia. Lo más grave es que esto lo hagan en Barcelona, que simbólicamente es la capital de una Catalunya independiente y republicana. Como aquí no cuentan las corrientes sino la lista más votada, puede ocurrir que se pierda la alcaldía. Si esto ocurre, habrá que pasar cuentas. Si uno asume más riesgos de los que puede manejar, ha de aceptar el premio pero también el castigo.

Tenemos el mismo relato en las elecciones europeas, donde un tándem Puigdemont-Junqueras hubiera roto todas las costuras en el plano internacional. Esquerra no ha querido y repite sus coaliciones históricas, como si nada hubiera ocurrido. Su comportamiento me induce a creer, preferiría equivocarme, que ya se sienten cómodos con el modelo autonómico.

No hago mención específica  –siempre en clave catalana– al grupo polivalente formado por Comuns, Podemos, Podem, Iniciativa y otros, porque, al vivir en la indefinición permanente, soy incapaz de conocer cuál es su proyecto político. Algunos de ellos, que pretenden representar en exclusiva el patrimonio histórico de la izquierda, deberían hacer autocrítica, abandonar la ambigüedad y comprometerse con unos o con otros. Si todavía no se han dado cuenta de que la cuestión de la independencia de Catalunya tiene prioridad sobre la cuestión social, mejor que se dediquen a otra cosa.

En la calle la gente pide unidad, pero algunos no escuchan. Lo acabarán pagando. Los partidos políticos en general han entrado en declive. Se han anquilosado. No se renuevan. Las estructuras impiden la mejora. Al final la democracia directa, que es la auténtica, se irá imponiendo con distintos formatos.

Una de las virtudes del President Puigdemont es que ha dinamitado los restos de un partido que fue hegemónico pero que ha perdido su razón de ser. Yo no milito ni he militado nunca en ningún partido. Será que mi alma ácrata le puede a mi sentido del orden. Por eso me siento libre de ataduras partidistas. Votaré por las candidaturas de Junts per Catalunya en todos los frentes. Por coherencia, por dignidad y por respeto.