Nicaragua: Las banderas sandinistas siguen en alto. Marco A. Gandásegui h.

junio 28, 2018

En apenas 18 años, el siglo XXI de América Latina ha experimentado dos oscilaciones políticas de envergadura. En el pasado la región vivió cambios similares pero no de manera tan seguidas. El siglo XXI se inauguró con el triunfo (1998) del comandante Hugo Chávez en Venezuela. Siguieron Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, el Frente Amplio en Uruguay, el FMLN en El Salvador y el FSLN en Nicaragua. Hay que agregar a la Revolución cubana que celebraba más de 40 años de triunfos. Además, se instalaron en el poder partidos socialdemócratas en Chile, Perú, Costa Rica y República Dominicana. De hecho quedaron relativamente aislados los gobiernos conservadores de Colombia, Panamá y México. Para sorpresa de muchos la vieja correlación de fuerzas que enfrentaba a EEUU a un continente dividido políticamente y subordinado a las exigencias de Washington, parecía haber cambiado.

Quienes pensaban así subestimaron la capacidad de EEUU. De una vez puso en acción una agenda neoliberal para la región. Los llamados gobiernos de izquierda no eran socialistas, tampoco promovían revoluciones políticas. Todos tenían en común un programa que favorecía a los sectores sociales más marginados económicamente y reprimidos políticamente. La agenda de los gobiernos ‘progresistas’ quería erradicar la pobreza y promover la inclusión política. Las propuestas de desarrollo y democracia se volvieron las ofertas cotidianas.

EEUU no aceptó los cambios y movilizó todos los recursos a su alcance para destruir los experimentos sociales en la región. La primera tarea fue desatar la ‘guerra mediática’ que incluía tácticas psicológicas para tergiversar los programas de izquierda. La ofensiva consistió en declarar a los gobernantes progresistas enfermos mentales, en promover la idea de que eran ladrones y asesinos. Los medios más poderosos de EEUU citan a los Think Tanks financiados por el gobierno de Washington para desprestigiar a los gobernantes latinoamericanos. En segundo lugar, arremetían con un sistema judicial en contra de los líderes. Finalmente, lograban derrocar, desterrar, detener o eliminar a los gobernantes progresistas.

En la actualidad, la correlación de fuerzas entre los progresistas y los conservadores se ha dado vuelta y estos últimos se encuentran gobernando en la mayoría de los países de la región. Ahora son los países con gobiernos progresistas que se encuentran aislados. Es el caso de Venezuela y Bolivia, sobrevivientes de la ofensiva conservadora organizada por Washington. Cuba sigue siendo sometida a un bloqueo económico implacable.

También Nicaragua y El Salvador son países sometidos a las tácticas mediáticas de desestabilización. El caso de la patria de Sandino, merece un estudio a fondo (que no haremos aquí). Todas las tácticas utilizadas por EEUU en el Medio Oriente (la primavera árabe), en Europa oriental (las movilizaciones naranjas) y en Asia oriental (el movimiento de los paraguas) se están aplicando en Nicaragua. El gobierno sandinista de Daniel Ortega – llevado de la mano por EEUU – pactó con los gremios empresariales y la cúpula de la Iglesia católica, pensando que encontraría la fórmula para gobernar. Además, cometió el error de negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Algo parecido a un pacto con el diablo. Ortega logró el préstamo poniendo las jubilaciones a los pensionados como colateral. La protesta de los asegurados fue inmediata. Ortega canceló de una vez el pacto con el FMI. Sin embargo, EEUU ya tenía montada su estrategia. Desató en primera instancia una ofensiva de los empresarios y de la Iglesia católica. Enseguida movilizó a la llamada sociedad civil entrenada, financiada y armada por los Think Tanks norteamericanos.

Ortega fue cuestionado en todos los medios de EEUU, Europa y el resto del mundo. Más aún, algunos sectores de la izquierda latinoamericana, mencionados más arriba, se sumaron a las denuncias, pidiendo incluso la renuncia de quien fuera uno de los nueve comandantes sandinistas que derrocaron a Somoza. Una facción sandinista de oposición al FSLN también se unió a los sectores más conservadores de Nicaragua pidiendo la destitución de Ortega. Parecía un deja vu a la hondureña o brasileña.

El Grupo de Lima llevó el caso de Nicaragua a la OEA para denunciar al gobierno sandinista. Sus intenciones fracasaron ya que una amplia mayoría entendió que existía una conspiración y no una intención de resolver el conflicto en la patria de Sandino. El FSLN tiene que avanzar introduciendo las nuevas generaciones en la dirección del país para neutralizar a EEUU y sus enemigos internos.


Bolivia. El principal interés de EEUU es recuperar el control de recursos estratégicos. Eva Golinger

febrero 18, 2016

La escritora, investigadora y abogada estadounidense, Eva Golinger, aseguró el miércoles que el principal interés del Gobierno de Estados Unidos en Bolivia es recuperar el control de los recursos estratégicos, razón por la que ejecuta planes de desestabilización y desacreditación del Gobierno del presidente Evo Morales, al igual que en Venezuela, Ecuador y Brasil, mediante operadores políticos.

eva golinger

“El interés de EEUU es recuperar el control de los recursos y todos los cambios geopolíticos. Ellos quieren controlar recursos estratégicos”, afirmó en entrevista con la Red Patria Nueva.
Golinger dijo que al igual que en otros países, Estados Unidos desembolsa millonarias cantidades de dinero para ejecutar sus planes desestabilizadores, mediante operadores políticos y Organizaciones No Gubernamentales camufladas.

“Ellos entran para dar ese dinero, no es una donación, es un contrato con el grupo que recibe el dinero y eso convierte a esas personas y oneges en sus agentes oficiales, son como si fueran empleados del Gobierno de Estados Unidos”.

Reveló que Estados Unidos, además, viola la soberanía y todas las normas en los países en los que cumple su agenda, con intromisiones, reuniones con sectores opositores y evita los pagos con controles bancarios y fiscales.
“Todo eso está contemplado dentro de esa estrategia que está operando para lograr neutralizar la continuidad del presidente Evo Morales que significa la soberanía de Bolivia”.

La investigadora estadounidense dijo que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo Internacional para la Democracia (NED), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI) son las organizaciones que cumplen esa agenda en los países estratégicamente importantes.
En 2013, Morales expulsó a USAID acusándola de conspiración contra su Gobierno.

“Ellos buscan canalizar esos recursos en países donde trabajan. No trabajan en todos los países sino sólo en los que son estratégicamente importantes”, explicó.

La pasada semana, el analista internacional, Atilio Borón, aseguró que la conspiración que ejerce Estados Unidos contra Bolivia apunta a apoderarse del litio por una necesidad y un “interés desmesurado” del cambio de matriz energética.
El incremento del precio internacional del litio coloca a Bolivia con una buena perspectiva, tomando en cuenta que posee 80% de las reservas del mundo.

En la actualidad, Bolivia genera importantes recursos económicos para el Estado por la explotación y exportación del gas natural, combustible que junto al petróleo es aún la base energética del mundo.


82%. Alfredo Vera

agosto 22, 2015

Al desesperado Guillermo Lasso se le ocurrió o le soplaron la versión de que el 82% del pueblo ecuatoriano se pronunciaba a favor de la realización de una consulta popular para preguntar acerca del derecho de otorgar, por igual a todos los ciudadanos que quieran postularse para cualquier función del Estado, aunque haya ejercido esa misma responsabilidad con anterioridad. Ese reconocimiento de derecho no implica la designación de nadie a ningún cargo si no el derecho a participar como candidato a cualquier función. Es en definitiva el pueblo en las urnas el que determina si reelige o no al candidato a repetir un mandato otorgado por el pueblo soberano a cualquier función del Estado, sin excepción.
El derecho a elegir o reelegir a un ciudadano a una función para la que se postula queda en manos exclusivas de la voluntad popular y existen alternativas diferentes que puedan ponerse en práctica, dentro de la concepción de la constitución.

Alfredo_Vera

Si es cierta la aseveración divulgada por Guillermo Lasso no debería existir temor alguno para ir a las urnas a practicar el derecho universal de elegir o ser elegido: bastaría con que el 50% +1 no le dieran el voto al que pretende reelegirse, para que la aspiración le sea negada, por voluntad mayoritaria del elector.
Es tan descomunal la mentira de la existencia de un porcentaje de más del 82% que condenan la iniciativa de Alianza País de ampliar la posibilidad de que Rafael Correa permanezca en la Presidencia por un periodo adicional, y nadie explica el por qué los opositores recalcitrantes del actual gobierno no ponen en práctica alguno de los procedimientos democráticos contemplados en la constitución vigente, y en vez de ello asumen la opción ilícita de procurar la terminación del mandato presidencial al 2017, con el estribillo de “fuera Correa fuera” y quieren reproducir prácticas del pasado que sólo generaron crisis sucesivas de gobernabilidad, con presidentes que duraban hasta seis meses u otros que incumplieron “morir en el intento” de preservar su mandato; o aquellos que fueron expulsados de la presidencia por conducir al Ecuador a una debacle financiera a través del llamado feriado bancario que terminó siendo el mayor atraco colectivo que recuerde la patria a través de la historia.
La actual constitución concede el derecho a la ciudadanía a recoger firmas para convocar una consulta nacional para aprobar o desaprobar cualquier medida gubernamental con la que no estén de acuerdo: el número de firmas que se debe recoger es infinitamente menor al 82%, de modo que los autores de esta descomunal mentira podrían convocar varias consultas distintas si de verdad tuviesen el respaldo de ese gran porcentaje.
No necesitarían desatar un proceso violento de desestabilización, llamado contemporáneamente como “golpe blando” que significa calentar y recalentar las calles con marchas y plantones y volcar una furia inédita desatada en contra de la policía y del poder constituido, con la intención manifiesta de provocar un reguero de sangre para justificar la necesidad de un cambio de gobernante y romper la democracia que por ocho años ha tenido vigencia en nuestro país.


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