Ecuador dice no a paraísos fiscales

febrero 20, 2017
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Con un 55.09%, la población de Ecuador le prohíbe de ahora en adelante a los funcionarios públicos tener empresas o negocios en los paraísos fiscales. Esta pregunta formó parte de las elecciones de este domingo donde se eligió, además, a un nuevo presidente de ese país.

La población de Ecuador, en la jornada electoral de este pasado domingo, no solo votaron para elegir a un nuevo presidente, sino que también para permitir o impedir que las personas que se deseen ostentar un cargo público en ese país deben tener empresas en paraísos fiscales, a lo que gente respondió en su mayoría con un no.

Ante la pregunta en una de las papeletas de votación que decía: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?” Un 55.09% de los electores dijeron que no, contra un 44.91% que respondió que sí.

El resultado modificará la Ley Orgánica de Servicio Público a fin de adecuar la normativa vigente al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Desde su aprobación, todos aquellos que aspiren a cargos electivos tendrían el plazo de un año para repatriar sus fondos, luego de lo cual quedarían imposibilitados de aspirar a cargos públicos.

Además se incluye esta disposición: “Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución”.

La consulta fue presentada por el presidente Rafael Correa y argumentó que “los paraísos fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales, ya que habilitan a los que más poseen para mover su riqueza a lugares donde no tienen que declararla y así evitar cargas fiscales, en perjuicio de sus ciudadanos, para pagar menos en proporción a su renta, contribuyendo así a agravar la desigualdad”.

“Es un Pacto Ético. Es una vergüenza que los pobres con sus remesas enviadas desde el extranjero hayan sostenido tantas veces la economía del país mientras los ricos colocan su capital en paraísos fiscales y desfinancian a la nación”, dijo el canciller de Ecuador Guillaume Long a BBC noticias.

“Con cosas así, ¿a quién le puede extrañar que América Latina sea la región más desigual del planeta?”, se preguntó el canciller ecuatoriano.


Rafael Correa: Por un mundo mejor, No a los paraísos fiscales.

julio 18, 2016

correa_rafael 20 ebrero 2011

Los paraísos fiscales se constituyen en uno de los peores enemigos de nuestras democracias por lo que significan, en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e, incluso, apoyo al terrorismo.
En estos regímenes todo es oscuro, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos o a través de ellos se realicen.
A esos “paraísos” no llevan su dinero los obreros, los campesinos, los trabajadores, los maestros, los médicos, ni miles de pequeños y medianos empresarios y emprendedores que confían en su país y que a diario construyen el futuro de sus familias y de la Nación entera. A esos lugares acuden quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza –incluso a veces ilícito- empleando sofisticados métodos de empresas de papel y con el asesoramiento de grandes firmas de abogados y expertos tributarios. Todo esto no solo genera corrupción, sino que también ahonda la desigualdad y las diferencias sociales.
Aunque la evasión y elusión fiscal perjudica a todos los países, en proporción, los países pobres son los más perjudicados. En Latinoamérica, 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los capitales escondidos en paraísos fiscales pagaran el impuesto sobre la renta que les corresponde.
En nuestro país, en los años 2014 y 2015, salieron a esos paraísos 3.379 millones de dólares, cantidad equivalente a reconstruir íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado.
Sacar la riqueza de donde se generó y en donde se necesita tanto, es decir, su propio país, es sencillamente inmoral. Sostener, como dicen algunos, que “yo puedo hacer con mi plata lo que me da la gana”, demuestra una total falta de ética y compromiso con la Patria.
La lucha contra los paraísos fiscales debe trascender toda ideología. Debemos poner fin a esta economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano, como nos dice el Papa Francisco.
Desde el inicio de nuestro gobierno hemos luchado contra estos paraísos fiscales. Por ello, impulsamos varias iniciativas legales. Sin embargo, ningún esfuerzo será suficiente si quienes se encuentran al frente de una Nación o aspiran a representarla en cualquier dignidad o cargo público, buscan ocultar o sacar del país sus recursos,
Por eso, en el último informe a la Nación del 24 de mayo pasado, propuse al país un pacto ético: que todos rechacemos a los candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Muchos sectores, incluso algunos opositores, reaccionaron a este llamado y lo aceptaron, pero como era de esperarse, otros sectores justificaron su amoralidad e incluso dijeron que era atentar contra su derecho de participación política.
Nadie les impide que desarrollen actividades empresariales, pero que cumplan su responsabilidad legal y ética de pagar impuestos; nadie les impide que amen a sus bolsillos, pero si quieren ser dignatarios o servidores públicos, deben tener como primera obligación ética amar a la Patria, confiar en ella, invertir en ella.
Llegó el momento de pasar del discurso a los hechos: en la mañana de hoy, he enviado a la Corte Constitucional un pedido para que, previo el control de constitucionalidad que debe realizar dicho organismo, el Consejo Nacional Electoral convoque a una consulta popular en la que sea el pueblo, que de manera directa y con su voto, el que se pronuncie sobre la siguiente pregunta:

¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?

Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución.
Nadie está impedido de ser candidato. Sin embargo, en el caso de ganar el SI, en el lapso de un año todo dignatario y funcionario público deberá empezar a creer en su Patria, deshaciéndose de cualquier empresa off shore o capitales en paraísos fiscales.
Como dice nuestro querido Pepe Mujica, ex presidente del Uruguay, “si aman tanto el dinero, que sigan en sus negocios, pero que no se metan en política”.
Esta consulta prácticamente no tiene costo para el país, pues se la realizará con las elecciones generales de febrero de 2017.
Preparémonos a una campaña feroz en contra de la consulta, ya que importantes medios de comunicación son de los principales grupos económicos que mantienen capitales y empresas en paraísos fiscales.


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