Lina Gálvez: “A las pensiones les quieren meter mano desde el principio”. Raúl Bocanegra

abril 23, 2018

Entrevista a la catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide.

Lina Gálvez: “A las pensiones les quieren meter mano desde el principio”
Lina Gálvez reflexiona sobre la deriva de las pensiones.

 

La cita con La Marea es en el Coco Verde, un bar en el centro de Sevilla, justo al lado de una plaza de asfalto en la que juegan niñas y niños, a quienes nada en absoluto les preocupan, por supuesto, las pensiones, un asunto de capital importancia que ha cobrado plena actualidad después de las manifestaciones que se han producido hace un par de semanas en todo el país. De nuevo, la calle le marca el ritmo, el paso, a la política y le dice lo que tiene que arreglar. Sin embargo, en estos tiempos de zozobra, la política (casi) nunca termina de arreglar nada.

En esta entrevista, Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, sentada en una silla alta de madera frente a la plaza, esboza algunas de las causas, profundas, que han llevado el sistema de pensiones a una situación de alerta roja. “A veces, no sabemos qué gota va a colmar el vaso. El 0,25 de [Fátima] Báñez lo ha colmado. Tanto decir que nos hemos recuperado, que estamos estupendamente, y la gente ve que eso no le llega y se pregunta ‘aquí qué pasa’”, dice Gálvez. La catedrática, que participó en una de las manifestaciones, sostiene que los problemas de las pensiones se deben, en lo hondo, a que habitamos una era neoliberal en la que predomina un debilitamiento generalizado de lo público. “A esta era hemos llegado después de tres hitos fundamentales: la crisis de los años 70, que le dobló el pulso a la izquierda; la caída del muro de Berlín, y esta crisis, que ha servido para perpetuar las políticas y directrices económicas”.

La situación crítica del sistema de pensiones, Gálvez la resume así: “Se veía venir. Parecía que la hucha era grande, pero es que las pensiones cuestan mucho dinero. O ese sistema genera sus propios recursos o eso se paga con impuestos o con deuda. El sistema de pensiones solo es sostenible si cambian las políticas laborales, económicas y de igualdad, y si se produce una reforma fiscal en profundidad que permita financiar servicios públicos de calidad. No necesariamente con impuestos directos, como algunos proponen, no necesariamente un impuesto finalista. En Dinamarca, por ejemplo, se pagan con los impuestos dentro de los presupuestos anuales”.

La catedrática agrega: “Lo que busca todo este modelo, esta etapa neoliberal del capitalismo, es una menor intervención del Estado. Quieren un Estado que favorezca sus intereses, un modelo de Estado con leyes que les interesen. Si deterioras lo público, fomentas indirectamente lo privado. Y hay muchos intereses detrás de los fondos privados de pensiones. Lo que no se le dice a la gente es que esos fondos también pueden no ser sostenibles, porque esos fondos invierten en bolsa, y la bolsa no siempre va bien”.

Abunda Gálvez en su tesis fundamental: a mayor igualdad, mejor sistema de pensiones, porque este es, en definitiva, un espejo de lo que fue el mercado de trabajo. “Vemos las consecuencias de la desigualdad que existe en el mercado de trabajo y la que existe en la sociedad. Las mujeres están menos incorporadas al mercado de trabajo y han trabajado durante menos años, con menores salarios y, por tanto, no han cotizado los años suficientes o no han tenido salarios que les permitan pensiones dignas, e incluso dentro de la economía informal, por tanto, sin cotizaciones. Las pensiones son el reflejo de lo que ha pasado antes en el mercado de trabajo y en las familias. Y las mujeres siguen siendo las encargadas del cuidado. Por ejemplo, en las zonas industriales duras, País Vasco, Navarra, las brechas de las pensiones son más grandes. Los varones se garantizaron unas pensiones mejores. Trabajaron en sectores masculinizados y con buenas condiciones laborales y derechos sociales”.

¿Y sobre el debate que ha surgido al respecto de la eliminación de las pensiones de viudedad? “En puridad, tendría cabida eliminar la pensión de viudedad, pero en un sistema tan precario como este sería condenar a la pobreza a muchas mujeres. Las propuestas son quitarlo de manera gradual. En Suecia se quitó en los años 70, pero claro, la calidad del trabajo allí no es la de aquí”, opina.

Ruido y reflexión

La presencia de un estrepitoso grupo de amigos dentro del bar obliga a proseguir la entrevista fuera, a la vista del parque. Vivimos rodeados de ruido, alejados de la reflexión serena, que es lo que aporta Gálvez: “Hay capacidad para generar más empleos, pero si se hacen políticas deflacionistas, de privatizaciones y de moderación salarial, para pasarnos responsabilidad a la gente, entonces tenemos un problema ahí. No es que el sistema sea insostenible per se. Demográficamente, tenemos una pirámide poblacional que no favorece la sostenibilidad. Estamos envejeciendo, pero para eso también se pueden ejecutar políticas de igualdad en los mercados de trabajo. El fomento de la corresponsabilidad podría incrementar la tasa de natalidad, una de las más bajas del mundo. Estamos por debajo del nivel de reemplazo desde 1981. En los países desarrollados, a mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo con empleo estable, mayor natalidad”.

¿Por qué debatimos cada cierto tiempo retrasar la edad de jubilación? ¿La demografía lleva directamente a eso? “Para nada”, responde Gálvez. “Las previsiones demográficas están hechas a bastante largo plazo. Se viene diciendo que el sistema de pensiones es insostenible. Luego llegaron cinco millones de inmigrantes y se crearon muchísimos puestos de trabajo y entonces no fue insostenible. Tuvo superávit. Cuando hablamos de la evolución demográfica, hablamos del crecimiento vegetativo, sin tener en cuenta la emigración y la inmigración, que es poco predecible. Lo que pasa es que las presiones son muy grandes. Estamos es una economía en que el poder financiero lo domina todo. Los medios de comunicación cada vez pertenecen más a fondos de inversión, los think tank, los proyectos de investigación, todo se encamina hacia una legitimación de un modelo que se nos vende con argumentos simples y simplistas y que llega a la mayoría de la gente. ¿Para qué pagar impuestos, si estás mejor con el dinerito en el bolsillo? Pues eso le vendrá bien a quien tenga dinero suficiente para llevar a sus hijos a la sanidad privada, a la educación privada. Pero si dependes de lo público, ya no te va tan bien, y la gente se cree que todos estamos en ese mismo barco. O mucha gente se lo cree”.

¿Se vive con una pensión hoy? “A las pensiones les están intentando meter mano desde el principio. Desde los años 90 hay estudios que van diciendo que hay que cambiar el sistema de pensiones. El pacto de Toledo es de 1995. Si se hizo fue por eso, por dar seguridad. La gran puñalada que se ha metido al pacto de Toledo, y que convierte a España en una excepción casi en los países europeos, es que ha dejado de haber un factor automático de revalorización de las pensiones. Hay tres tipos de soluciones en la práctica: hay quien las revaloriza con los precios, hay quien la revaloriza con los salarios, que son los que normalmente pueden tener una tendencia más alcista, y hay quien con una mezcla, con un correctivo de ambos, si quieres limitar alguna subida. Y hoy una persona joven entra en el mercado de trabajo ya con un salario un 30% inferior al de 2008?.

¿Y la Unión Europea? “La UE da una de cal y otra de arena. La UE no se mete pero hay muchas indicaciones que van en una línea neoliberal, a través de la OCDE. No es derecho, no son directrices, pero van encaminadas en una dirección. Y, obviamente, si se imponen niveles de déficit y políticas de austeridad ya estás diciendo que hay cosas que no se pueden subir”, remacha Gálvez.


La seguridad social española carga de nuevo contra el matrimonio gitano. Juan Dios Ramírez Heredia

febrero 11, 2018

Esta mañana (hoy es sábado y en este día de la semana suelo remolonear un poco levantándome más tarde que de costumbre) he leído en la cama la noticia de que el Tribunal Supremo de España ha vuelto a las andadas al revocar la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que reconoció el derecho a la pensión de viudedad a una mujer gitana casada por el milenario rito matrimonial de nuestro pueblo. Y para ello reunió al Pleno de la Sala IV de lo social del Tribunal Supremo. Por lo visto los señores magistrados han querido darle una especial trascendencia a una sentencia de la que no podían dudar que iba a encontrar una contundente respuesta por nuestra parte.

Escribo estas líneas con carácter de urgencia porque, una vez hecha pública la sentencia, los gitanos españoles, y por añadidura todos los gitanos y gitanas europeos, hemos de reaccionar con decisión no solo manifestando nuestra disconformidad con la sentencia sino anunciando que vamos a poner en marcha todos los recursos que en democracia el Estado de Derecho permite ejercitar a sus ciudadanos. No tengo más conocimiento del fallo del Alto Tribunal del que han transcrito las agencias informativas. Espero tener acceso a todo el expediente para fundamentar con mejor conocimiento nuestras razones en favor de Joaquina Cortés, una gitana de 58 años que estuvo 40 casada con José Fernández y que falleció en el año 2014 tras haber dado la vida a cinco hijos que, posiblemente, habrán quedado ahora en el mayor desamparo.

Una vez más el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), cancerbero recalcitrante cuando se trata de conceder derechos económicos a los ciudadanos gitanos, ha desestimado la sentencia favorable a Joaquina Cortés emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tribunales a la gresca

Pero parece que todavía hay en el ámbito del mundo del derecho en España algunas tendencias que se resisten a ver con mirada diferente los cambios que, gracias a Dios, se están produciendo en esta parte del mundo civilizado. Fue en 1948, el 10 de diciembre, cuando las Naciones Unidas, reunidas en París proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de entonces lo que fue un documento declarativo se transformó en un texto incorporado al Derecho Internacional de obligado cumplimiento para todos los Estados firmantes de la Carta Magna Universal.

Sin embargo, no ha pasado todavía el tiempo necesario para que la sociedad tenga claro que esos derechos, consagrados en los 30 artículos de la Declaración, deben ser interpretados con la finura y el compromiso militante de la sociedad del siglo XXI en la defensa de la dignidad de las personas y la de los grupos, especialmente las minorías, que la integran.

Joaquina Cortes es una ciudadana gitana de Jaén. Se murió José, su marido, y solicitó su pensión de viudedad que le fue denegada por una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Jaén. Sentencia especialmente significativa para nosotros que siempre esperamos que los tribunales más cercanos, ―que son aquellos que conocen mejor las especiales condiciones de vida de nuestra gente― nos den la razón. Pero este no ha sido el caso. El Juzgado jienense dijo que a la pobre viuda no le correspondía ninguna pensión porque su pretendido matrimonio había sido efectuado por el rito gitano sin ninguna otra consideración.

Pero recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló la sentencia del Juzgado de Jaén y le reconoció a Joaquina la pensión que reclamaba. ¡Pero con buena muralla habíamos ido a chocar!. El INSS, insaciable, que cobra impuestos sin poner el más mínimo reparo, aprovecha cualquier resquicio para interpretar de forma restrictiva las peticiones que se le presentan. Y sucedió lo que más nos podía perjudicar. El Tribunal Supremo desautorizó al Alto Tribunal andaluz y le negó definitivamente el derecho a la pobre Joaquina Cortés.

Ahora nos queda el Tribunal Constitucional

Por lo que he leído a bote pronto en las referencias de prensa, el Tribunal Supremo ha hecho mención a la sentencia que dictó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando nos tocó defender, hace unos años, a María Luisa Muñoz Díaz, “La Nena”. Fue el 26 de mayo de 2009 cuando junto a los abogados que acudían en representación del Secretariado Gitano tomé la palabra para defender la validez del matrimonio celebrado bajo el “rito gitano”. El 8 de diciembre de aquel mismo año el Tribunal europeo nos dio la razón y en una sentencia histórica declaró que el Gobierno español había violado el artículo 14 del Convenio combinado con el artículo 1 del Protocolo nº 1. Y la buena de María Luisa vio compensado sus esfuerzos porque la Sentencia europea condenó al INSS a pagarle su pensión con atrasos desde el día siguiente en que murió su marido.

En aquella ocasión acudimos a Estrasburgo magníficamente arropados por el voto particular que emitió el entonces magistrado del Tribunal Constitucional Don Jorge Rodriguez Zapata. En la propia sentencia europea se recoge textualmente las siguientes palabras del magistrado español discrepante: “Es desproporcionado que el Estado español, que ha tomado en consideración a la demandante y a su familia gitana al otorgarles un libro de familia, reconocimiento de familia numerosa, asistencia sanitaria con familiares a su cargo para ella y para sus seis hijos y  ha percibido las cotizaciones correspondientes a su marido gitano durante diecinueve años, tres meses y ocho días, quiera desconocer hoy que el matrimonio gitano resulta válido en materia de pensión de viudedad.”

Miramos al futuro con confianza

La lucha por el pleno reconocimiento de los derechos de las minorías no está acabada. Las mujeres, las minorías étnicas y culturales, las lingüísticas y religiosas, así como algunos grupos de inmigrantes, de refugiados y de pueblos indígenas confían en que los pueblos en los que están integrados reconozcan su personalidad individual y colectiva. Todo ello en el respeto al ordenamiento jurídico de los países en que viven cuya Ley Superior debe inspirar las normas que hagan posible la convivencia en el mutuo respeto.

Los gitanos y las gitanas de España constituimos la minoría más numerosa del país. Somos 750.000 personas descendientes de los primeros gitanos que llegaron a la península en la primera mitad del siglo XV. Y hemos aportado a este país, que es el nuestro, una pincelada de exquisita variedad en forma de belleza artística y musical como no tiene ningún otro país del mundo. Justo es, pues, que se nos reconozcan derechos personales y colectivos que no transgreden el ordenamiento establecido para todos los españoles que siempre respetaremos, porque de ese respeto emana sabernos protegidos por nuestra común condición de españoles y europeos.

Hoy tenemos un motivo doble para sentirnos animados. En el año 2009 tuvimos a nuestro lado al magistrado Rodriguez Zapata. Hoy tenemos dos: la magistrada Lourdes Arastey Sahún, a la que correspondió la ponencia del recurso. Lamentablemente se quedó en minoría por lo que ha formulado un voto discrepante. Y junto a ella otra magistrada, María Luisa Segoviano Astaburoaga, ha dado la cara en defensa de Joaquina Cortés.

Pero lo más hermoso, lo que más nos estimula es manifestar que Rodriguez Zapata, Arastey Sahún y Segoviano Astaburoaga no han dudado en interpretar el derecho del lado de quienes somos todavía hoy lo más débil y vulnerable de la sociedad

 


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