La JEC ha actuado contra Torra, a pesar de las especulaciones que circulaban por Madrid esta mañana en el sentido de que se abstendría de intervenir antes de la sentencia firme, y ha acordado dejar sin efecto la credencial del president como diputado en el Parlament de Catalunya. Ha transmitido esta orden a la Junta Electoral Provincial de Barcelona para que la active con efectos inmediatos.

Según el recurso del PP y Cs, la decisión implica que Torra tiene que dejar de ser president de la Generalitat porque el Estatut vincula esta condición de president al acta en el Parlament. De todos modos, el Estatut no contempla este caso porque, si bien ahora Torra no podrá ser diputado, sí que fue escogido president en una votación en el Parlament como diputado.

En una resolución de una página y media, los miembros de la JEC argumentan que la condena de Torra a inhabilitación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) aunque no sea firme, constituye una “causa de inelegibilidad sobrevenida”.

La JEC ha adoptado la decisión en respuesta a las peticiones que el PP, Cs y Vox le hicieron llegar después de que el pasado 19 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó al president a 19 meses de inhabilitación por desobediencia.

Con su decisión, la JEC corrige a la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que el 24 de diciembre concluyó que no se puede retirar a Torra su condición de diputado hasta que la sentencia del TSJC sea firme, es decir, hasta que el Tribunal Supremo no resuelva el recurso presentado por el president de la Generalitat. Lo hizo sin unanimidad y con el voto particular del miembro de la Junta Provincial de Barcelona Pablo Nuevo.

PP, Cs y Vox argumentaban en el recurso que la aplicación del artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) implicaba que Torra tiene que ser apartado de su condición de diputado, hecho que supondría también que tendría que dejar de ser president de la Generalitat porque el Estatut vincula el cargo de president al escaño en el Parlament de Catalunya. Para eso aplican una excepción referida a terroristas o a casos gravísimos. Este artículo 6,2 de la LOREG dice que son “inelegibles” los “condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado.

La JEC está formada por 13 miembros con derecho al voto, de los que 8 son magistrados del Tribunal Supremo elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cinco son catedráticos de Derecho o Ciencias Políticas y Sociología en activo elegidos por las Cortes españolas a propuesta de los partidos. Actualmente está presidida por Segundo Menéndez Pérez, miembro de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El vicepresidente es Eduardo Calvo Rojas, magistrado de la sala tercera del Supremo y miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. También forman parte de este organismo los magistrados del Tribunal Supremo Luciano Varela, Ana María Ferrer, Pilar Teso Gamella, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Fernando de Castro Fernández y Francisco Javier Mendoza Fernández.

Con respecto a los vocales, el PP situó a los catedráticos de la UNED Carlos José Vidal Prado y Lourdes Nieto López. El PSOE, a la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo, Podemos, a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Navarra Inés Olaizola, y Cs al catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Pompeu Fabra Andrés Betancor.