Llaman en Francia a seguir modelo de salud de Cuba por su humanismo. Salim Lamrani

mayo 10, 2020

París, 6 may (Prensa Latina) El diputado francés François-Michel Lambert y el académico Salim Lamrani llamaron hoy a seguir el ejemplo de Cuba con su sistema de salud centrado en el ser humano, la inclusión y la prevención.

En un artículo publicado en el diario L´Humanité, a propósito del impacto de la pandemia de la Covid-19 en Francia y el planeta, destacaron el alcance social de la medicina en la isla, que le ha permitido enfrentar la crisis sanitaria con la participación activa de la sociedad.

De acuerdo con Lambert y Lamrani, el nuevo coronavirus pone en evidencia y demuestra los fallos del sistema de salud basado en el seguro y la respuesta médica y tecnológica.

‘Francia debería privilegiar el modelo preventivo sobre el curativo y ponerlo al acceso de todos. Invertir en la investigación pública y la creación en un polo público de producción de medicamentos es también una necesidad.

‘Cuba, entre otros países, representa un ejemplo a seguir en este ámbito’, precisaron el parlamentario por Bocas de Ródano y el profesor de la Universidad de La Réunion.

Al respecto, insistieron en la importancia de colocar a las personas en el centro de los sistemas de atención médica y de basarlos en la universalidad, la gratuidad y la solidaridad.

Esto es un deber político y una necesidad moral, además de constituir una visión de rentabilidad económica y una obligación sanitaria, coincidieron el diputado que preside el Grupo de Amistad Francia-Cuba de la Asamblea Nacional y el ensayista.

Para Lambert y Lamrani, la Covid-19 ratifica la urgencia de invertir el paradigma, de manera que ‘el sistema de salud vaya al ciudadano, en lugar del paciente ir en busca de asistencia’.

En ese sentido, la mayor de las Antillas es referencia, según la Organización Mundial de la Salud, con su red de policlínicas públicas que ofrecen todos los servicios indispensables en el territorio nacional.

Los especialistas reconocen de manera unánime el valor de la prevención, por tratarse del modelo más efectivo para garantizar la salud de la población y el menos oneroso para el Estado.

Por eso, el enfoque curativo debe sustituirse por el preventivo, con Cuba como un ejemplo a imitar, ya que las personas se convierten en actores co-responsables de su propia salud y bienestar.

Lambert y Lamrani ilustraron este criterio con la movilización en el actual escenario de la Covid-19 de 28 mil estudiantes de medicina en la isla, que en apenas 15 días visitaron a nueve millones de personas, sobre una población de 11 millones, para informarlos e identificar riesgos y eventuales síntomas.


Cuba enfrenta un bloqueo absurdo, advierte académico francés. Waldo Mendiluza

noviembre 5, 2019


París, (Prensa Latina) A lo largo de casi seis décadas de aplicación, el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba ha recibido los más diversos calificativos, desde injusto y criminal hasta aberrante y genocida.

Los adjetivos para describir esta medida basada en el odio y la ceguera política, ejecutada por las últimas 11 administraciones en la Casa Blanca, se cuentan por decenas, y en todos estos años se han escuchado en boca de ciudadanos comunes, personas solidarias, diplomáticos y jefes de Estado o de Gobierno, tanto de la isla como del mundo entero.También diversos han sido los escenarios para condenar un cerco sin precedentes en la historia humana: una parada del transporte público, una escuela o un hospital en la mayor de las Antillas al que no puede llegar una medicina made in USA; un foro internacional, un congreso para el cual un científico cubano no recibió la visa o la mismísima casa del multilateralismo, la ONU.

A propósito de las Naciones Unidas, la Asamblea General, su principal órgano deliberativo y el único en el que están representados en igualdad de condiciones los 193 países miembros de la organización, volverá a pronunciarse ?el 7 de noviembre- sobre el bloqueo, a partir de un nuevo proyecto de resolución presentado por Cuba que defiende la necesidad de ponerle fin.Año tras año desde 1992, iniciativas similares han recibido un respaldo categórico de la comunidad internacional, al margen de posturas políticas y zonas geográficas, quedando aislado de manera recurrente el responsable de la atrocidad, únicamente acompañado por su fiel cómplice, Israel.El académico y ensayista francés Salim Lamrani, un estudioso de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, accedió a conversar con Prensa Latina acerca del bloqueo y la nueva votación en la ONU.

Lamrani coincide en que se trata de una medida cruel y anacrónica, pero añade un adjetivo poco utilizado: absurdo, que merece la pena analizar con detenimiento.

A su juicio, el cerco que cumple 60 años es absurdo porque ‘no podrá conseguir sus objetivos’, que según la superpotencia militar y económica no es otro que rendir a su pequeño vecino rebelde, culpable de construir una revolución socialista a menos de 100 millas de sus costas.

‘Los cubanos no tienen la intención de renunciar a su independencia y han demostrado varias veces que el único método aceptable es el diálogo basado en el respeto de las especificidades de cada nación, en la reciprocidad, la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos’, subrayó.

Para el profesor de la Universidad de La Réunion, ubicada en el departamento francés de ultramar de igual nombre, Washington apuesta a la ilusión de que la amenaza y el chantaje darán frutos con el país caribeño.

‘Es un grave error y cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de la historia de la isla sabe que el pueblo de Cuba nunca cede a la política de la violencia’, recordó.

UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE

De acuerdo con Lamrani, el cerco estadounidense constituye una violación flagrante de las normas más elementales del Derecho Internacional Público.

‘Es una intromisión en los asuntos internos del Estado soberano de Cuba ya que el objetivo buscado es obtener un cambio de régimen en la isla, lo que viola el principio sagrado del derecho de los pueblos a la autodeterminación. El sistema político y el modelo social son competencias exclusivas del pueblo cubano’, precisó.

Washington arreció su violación con leyes extraterritoriales que han generado condena en los cinco continentes.

La ley Torricelli de 1992 agrava el carácter extraterritorial del estado de sitio económico que impone a Cuba, mofándose de la legislación internacional que prohíbe que una ley nacional tenga un componente internacional, señaló el académico francés.

Es un principio básico del derecho ?abundó-, la ley de un país no puede aplicarse a otro. Sin embargo, Estados Unidos impone a todas las naciones del mundo la suya en lo relacionado con la hostilidad hacia la mayor de las Antillas.

Por ejemplo, un barco extranjero que entre en un puerto cubano no puede tocar luego uno norteamericano durante los siguientes seis meses.

Cuatro años después de la Torricelli, el Congreso aprobó la ley Helms-Burton, que codifica el bloqueo y busca reforzar su extraterritorialidad, con títulos como el III y el IV, activados hace pocos meses por el presidente Donald Trump en su escalada de agresividad.

‘Las sanciones económicas también tienen un carácter retroactivo, lo que constituye una aberración jurídica. Ninguna ley puede ser retroactiva, a menos que favorezca a las partes. Así, la ley Helms-Burton sanciona a las empresas extranjeras que realicen inversiones en propiedades nacionalizadas en los años 1960 y que pertenecieron a ciudadanos estadounidenses’, explicó.

Según Lamrani, todo el entramado de leyes y medidas que conforman la política de la Casa Blanca hacia la isla representa el principal obstáculo para su desarrollo.

‘Todas las categorías de la población cubana y todos los sectores se ven afectados. La meta es disuadir mediante amenazas a los inversionistas extranjeros e impedir flujos de capitales. Es una política ilegal ya que contraviene las reglas del Derecho Internacional’, insistió.Además de ilegal, es cruel porque daña a los sectores más vulnerables de la población, y anacrónica ya que se remonta a la guerra fría, dijo el intelectual, quien reiteró lo absurdo de semejante hostilidad.Lamrani mostró sus expectativas de que la nueva votación en la Asamblea General de la ONU, sobre un proyecto de resolución cubano contra el bloqueo, ratifique una vez más el aislamiento estadounidense ante la comunidad internacional.Hasta los más fieles aliados de Washington se niegan a apoyar esta política basada en la ilusión de que la amenaza y el chantaje darán sus frutos con Cuba, sentenció.



Una reivindicación de justicia social y fiscal El movimiento de los “Chalecos Amarillos” en Francia. Salim Lamrani

diciembre 29, 2018
Portada :: Opinió

Desde su llegada al poder hace 18 meses, el Presidente Emmanuel Macron ha multiplicado las medidas antisociales, adoptando al mismo tiempo decisiones favorables a los más adinerados, suscitando un amplio movimiento de protesta popular.En 2017, tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato Emmanuel Macron sólo consiguió el sufragio del 18,19% de los electores presentes en las listas. Así el 81,81% de los inscritos expresó otra opción política. En la segunda vuelta, en un contexto de Frente Republicano destinado a oponerse a la extrema derecha y a su candidata Marine Le Pen, el exbanquero de Rothschild obtuvo el sufragio de apenas el 43,26% de los inscritos, ilustrando así la crisis del sistema democrático francés .

No obstante, el candidato del poder del dinero se benefició de una campaña mediática sin precedente en la historia de la V República. En efecto, en Francia, diez multimillonarios controlan los principales canales privados (Canal+, TF1), los canales informativos (LCI, BFM-TV, CNEWS), los principales diarios nacionales (Le Monde, Libération, Le Figaro) y los semanales más difundidos (Le Point, L’Express, Le Nouvel Obs). Pusieron a la disposición del candidato Macron sus recursos humanos, materiales y financieros.

Medidas favorables a los privilegiados

Una vez electo, la primera medida que tomó el nuevo Presidente fue suprimir el Impuesto sobre la Fortuna. Así, como promedio, los 100 patrimonios más importantes de Francia recibieron un rembolso de 1,5 millones de euros cada uno. Del mismo modo, el Gobierno Macron decidió disminuir la flat tax –impuesto global único sobre los ingresos del capital– del 50 % al 30 %. En total, esas dos decisiones privan a las finanzas públicas de al menos 4.500 millones de euros cada año.

Al mismo tiempo, Emmanuel Macron decidió transformar el Crédito de Impuesto para la Competitividad y el Empleo (CICE) –oficialmente destinado a favorecer el empleo, pero que beneficia casi exclusivamente a las grandes empresas francesas– en disminución de las cotizaciones sociales para los sueldos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo. Esta medida priva al presupuesto del Estado de 42.000 millones de euros cada año y afecta gravemente el sistema de seguridad social heredado de la Liberación de 1945 .

Disminución de las ayudas sociales y aumento de los impuestos a los más modestos. Para compensar las pérdidas presupuestarias vinculadas a los regalos fiscales hechos a las grandes empresas y a las capas más pudientes, el Gobierno decidió reducir los gastos sociales. Así, los “contratos ayudados” que permitían a los jóvenes desempleados conseguir un trabajo fueron en parte suprimidos, mientras la tasa de desempleo entre los jóvenes de menos de 25 años supera el 22 %. De la misma forma, también se redujo la ayuda para la vivienda destinada a los estudiantes, mientras el 20 % de ellos vive por debajo del umbral de pobreza en Francia. A un joven desocupado que expresó su desamparo frente a las dificultades para encontrar un trabajo, el Presidente Macron respondió con desprecio: “Cruzo la calle y le encuentro un trabajo”. Esta secuencia filmada, humillante para el joven, dio la vuelta al país, difundiendo la imagen un dirigente insensible a los sufrimientos de la juventud.

El Gobierno Macron también decidió aumentar algunos impuestos como la Contribución Social Generalizada (CSG), que pasó de 6,6 % al 8,3 %. Los jubilados, cuya pensión media es de 1.283 euros mensuales, han sufrido una disminución sensible de sus ingresos. Durante una visita a Colombey-les-Deux-Eglises, donde descansa Charles de Gaulle, una anciana explicó al Presidente Macron que sobrevivía con una miserable pensión de 500 euros mensuales. Sin expresar empatía por la venerable señora, la respuesta del mandatario indignó al país: “Usted puede hablar con toda libertad; la única cosa a la que no se tiene derecho es a quejarse”.

Mientras el Gobierno Macron ha multiplicado los regalos a los más ricos, empobreciendo sensiblemente al Estado, al mismo tiempo ha llevado una guerra implacable contra los servicios públicos disminuyendo el número de funcionarios en sectores que ya sufren ampliamente escasez de personal como la educación y la salud. Durante el primer año de su mandato, el Gobierno suprimió 5.000 puestos de funcionarios y se ha comprometido a suprimir 10.000 en 2020. El objetivo declarado es reducir el número de funcionarios de 50.000 para 2022, es decir, al final del quinquenio, contra la opinión mayoritaria de la población que siente un apego fuerte hacia el servicio público y el principio de solidaridad.

El detonante: el alza del impuesto sobre la gasolina

La situación social de Francia –que tiene a cerca de 9 millones de pobres (sobre una población total de 65 millones de habitantes), más de 3 millones de desempleados, 2 millones de analfabetos y 200.000 personas sin techo–, la política antisocial del Gobierno que prefiere privilegiar a los adinerados, así como el desprecio y la indiferencia por parte del poder hacia los ciudadanos más modestos, han desatado un amplio movimiento de protesta popular conocido con el nombre de los “Chalecos Amarillos”. Mientras Francia es el país de Europa que más millonarios tiene y que la nación nunca ha sido tan rica en su historia, una parte sustancial de sus habitantes se enfrenta diariamente a importantes dificultades materiales.

El detonante fue la decisión de aumentar el impuesto sobre la gasolina (7 céntimos por litro de gasoil y 4 céntimos por litro de súper), impuesto destinado a recaudar 4.500 millones de euros anuales, o sea el equivalente de la pérdida sufrida por la supresión del Impuesto sobre la Fortuna y la disminución de la Flat Tax. . Esta medida ha suscitado una ola de indignación nacional no estructurada, espontánea y plural, que se ha traducido en la movilización popular lanzada a través de las redes sociales para protestar contra el carácter inicuo del impuesto. La causa común de esta insurrección ciudadana es el rechazo al Presidente Macron, símbolo de la arrogancia y del desprecio de una casta de pudientes. Desde el 17 de noviembre de 2018, fecha de la primera manifestación nacional, el movimiento se ha ampliado con la participación de los alumnos de los liceos y los estudiantes.

Respuesta gubernamental: la represión  

El Gobierno ha respondido con una represión que ha alcanzado niveles inauditos. Una mujer de 80 años falleció en Marsella tras ser alcanzada por una granada lacrimógena lanzada por la policía. Varios manifestantes fueron gravemente heridos por las fuerzas del orden. Algunos –entre ellos una joven alumna de 16 años– fueron desfigurados por balas de goma recibidas en pleno rostro.   Una joven estudiante de 20 años perdió un ojo. Hay una probabilidad del 90 % de que otro alumno de 15 años pierda el ojo izquierdo según su abogado.   Otros fueron mutilados por la explosión de granadas ensordecedoras. Un joven de 26 años fue amputado de su mano derecha tras ser alcanzado por una granada lanzada por la policía.   Francia es el único país de Europa que usa granadas explosivas contra los manifestantes

Las imágenes de las violencias policiales que filmaron los periodistas y los ciudadanos han tenido un impacto desastroso para el Gobierno. Las fuerzas del orden han violentado hasta a los periodistas. Varios sindicatos de la profesión han denunciado “los numerosos heridos entre los periodistas, reporteros y fotógrafos” y han condenado “las violencias inadmisibles de las fuerzas de policía”. “A muchos fotógrafos de prensa, claramente identificados como tales, se les confiscaron sus equipos de protección individual, a veces bajo la amenaza de un arresto, lo que tuvo como consecuencia impedir que algunos reporteros hicieran su trabajo”, enfatizan los sindicatos. “Es totalmente inaceptable, en un país democrático y en un Estado de derecho, que los poderes públicos no garanticen la libertad de informar”, concluyen los representantes de la prensa.

Frente a la persistencia del movimiento, el Gobierno tuvo que renunciar definitivamente al alza del impuesto sobre la gasolina. Anunció una ayuda de 80 euros mensuales –no incluida en el sueldo mensual, así no se toma en cuenta para el cálculo del subsidio del desempleo y para la pensión– a los trabajadores que reciben el salario mínimo. No obstante, el Estado, es decir los contribuyentes, y no las empresas, asumirá la totalidad del costo. El salario diferido (bruto), es decir las cotizaciones sociales a favor de la pensión, del subsidio de desempleo y de la seguridad social, será drásticamente disminuido a favor de un aumento mínimo del salario neto.

El Gobierno también decidió anular el aumento de la CSG para los jubilados que reciben una pensión inferior a 2.000 euros mensuales, pero sólo por un año. El Presidente Macron anunció la desfiscalización de las horas extras a partir de 2019 para las empresas y los asalariados. También pidió a las empresas “que puedan” que entreguen una gratificación de fin de año a los asalariados de un importe de su elección.

Todas las decisiones anunciadas serán pagadas por los contribuyentes en detrimento del servicio público, en el que se prevén recortes para compensar el costo de las medidas. Por otra parte, el Gobierno no ha hecho ningún gesto para los desempleados, los que reciben pensiones bajas, las personas que sobreviven gracias a las ayudas sociales o los funcionarios, en una palabra, una parte sustancial de la población.

Una aspiración de justicia social y fiscal

Desde luego, estas medidas no responden a las expectativas de los franceses; Exigen un salario mínimo de 1.500 euros netos mensuales (1.188 euros ahora), una subida de las pensiones bajas hasta 1.200 euros netos y su indexación sobre el nivel de inflación, así como la jubilación plena a los 60 años.

Los ciudadanos aspiran a más justicia fiscal, con un impuesto más progresivo que no se base únicamente en cinco segmentos. La clase media asume el peso de los impuestos, mientras que las grandes fortunas, mediante las exenciones fiscales o la evasión fiscal legal o ilegal, logran escapar de sus obligaciones tributarias. Así, las 40 empresas francesas más grandes poseen 1.454 filiales en paraísos fiscales.

La opinión pública también exige un gran plan contra el fraude fiscal, que cuesta al Estado cada año entre 80.000 y 100.000 millones de euros y priva al país de muchas inversiones necesarias. Reivindica que las grandes empresas no evadan el impuesto mediante subterfugios legales que les permiten transferir sus ganancias a otros países y hacen que sus actividades en Francia resulten artificialmente deficitarias. A título de ejemplo, Total, cuyo beneficio anual se eleva a más de 10.000 millones de euros, no paga un solo céntimo de impuestos en Francia. Esta injusticia social es incomprensible e insoportable para la mayoría de los ciudadanos.

El movimiento de los “Chalecos Amarillos”, apoyado por el 80 % de la opinión pública, simboliza la insurrección ciudadana de los olvidados de la República, de “la gente que no es nada  ” –para retomar las palabras despectivas del Presidente Macron hacia los más humildes- que aspiran a una repartición más equitativa de las riquezas nacionales. Los ciudadanos, apegados al Programa de Consejo Nacional de la Resistencia, a saber la seguridad social, la educación y la salud gratuitas, las prestaciones sociales para las categorías modestas, el sistema de pensiones por repartición, el control por el Estado de los sectores estratégicos de la economía, los servicios públicos, exigen justicia social y fiscal, una democracia más participativa y el derecho a vivir con dignidad.


Cinco preguntas/respuestas sobre las elecciones presidenciales en Cuba. Salim Lamrani

abril 25, 2018

1.      ¿Quién es el nuevo Presidente de Cuba y cómo fue elegido?

Se trata de Miguel Díaz-Canel, nacido el 20 de abril de 1960, o sea un año después del advenimiento de la Revolución Cubana, por lo tanto tiene 58 años. Después de conseguir su diploma de ingeniero fue profesor en la Universidad Central de Las Villas a partir de 1985. En 1994 fue elegido Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de la provincia de Villa Clara. Adquirió rápidamente la fama de cuadro modesto, trabajador e íntegro. Diez años después, en 2003, ocupó el mismo cargo en la provincia de Holguín. Su balance positivo y el reconocimiento de los habitantes de la región le permitieron también entrar a formar parte del Buró Político del Partido Comunista de Cuba en 2003. De 2009 a 2012 ocupó el cargo de Ministro de Educación Superior. En 2013 ingresó al Consejo de Ministros como Vicepresidente encargado de la educación, ciencia, deporte y cultura. En 2013 el Parlamento cubano lo eligió Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, segundo cargo después de la Presidencia de la República.

Miguel Díaz-Canel es Presidente de la República de Cuba desde el 19 de abril de 2018. Fue elegido, por sufragio indirecto por los 605 diputados del Parlamento cubano por un mandato de 5 años, Presidente del Consejo de Estado y Presidente del Consejo de Ministros. Reúne los cargos de Presidente de la República y Jefe del Gobierno. Sucede a Raúl Castro, que gobernó de 2006 a 2018, y se convierte en el primer dirigente nacido después del triunfo de la Revolución en ocupar el más alto cargo del país.

2.      ¿Por qué las elecciones presidenciales son indirectas en Cuba? 

Para llegar al poder, Miguel Díaz-Canel primero fue elegido por sufragio directo, universal y secreto como diputado del Parlamento cubano. Luego fue elegido por el Parlamento a la cabeza del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, es decir a la Presidencia de la República.

Los cubanos están convencidos de que para las elecciones presidenciales el sufragio indirecto es más democrático. En efecto, es materialmente imposible para un Presidente de la República elegido por sufragio directo rendir cuentas a los electores, salvo de modo simbólico. En cambio, si el Presidente es elegido por el Parlamento, como es el caso de muchos países occidentales como España o el Reino Unido, éste puede ejercer un control sobre el jefe del poder ejecutivo. Es mucho más fácil exigirle cuentas al jefe de Estado, el cual se presenta ante el Parlamento para defender su acción y responder directamente a las preguntas de la representación nacional. Además un Presidente elegido por sufragio indirecto estará menos sometido al sentimiento de omnipotencia que caracteriza a veces a quienes reivindican una legitimidad directa de todo el pueblo. Un Presidente elegido por un Parlamento tiene menos poder que un Presidente elegido directamente por el pueblo. 

3.      ¿Acaso Fidel Castro y Raúl Castro dirigieron al país desde 1959?

Contrariamente a una idea preconcebida, la Cuba revolucionaria, es decir pos-1959, ha tenido no menos de cinco presidentes de la República. Manuel Urrutia fue el primero en ocupar el cargo de enero a julio de 1959. Osvaldo Dorticós tomó el relevo de julio de 1959 a diciembre de 1976. Luego, tras la adopción de la nueva Constitución de 1976, Fidel Castro ocupó el cargo de Presidente de la República de 1976 a 2006, sometiéndose al sufragio cada cinco años. Después de su retiro de la vida política en 2006 por razones de salud, o sea dos años antes del final de su mandato, Raúl Castro, entonces Vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, tomó el relevo hasta 2008, como lo prevé la Constitución. De 2008 a 2018, Raúl Castro fue elegido Presidente de la República y ejerció dos mandatos sucesivos. Durante su segundo mandato expresó su voluntad de no volver a presentarse, deseando limitar la duración de los mandatos ejecutivos a diez años como máximo. Esta medida debería integrarse en la próxima reforma constitucional. Así, Miguel Díaz-Canel es elegido Presidente de la República hasta 2023, con la posibilidad de realizar otro mandato hasta 2028.

Si la importancia de Fidel Casto en la historia de Cuba es innegable, hablar de la Cuba de los hermanos Castro es inexacto a nivel político. Fidel Castro ocupó la Presidencia de la República durante 30 años, tras ocupar el cargo de Primer Ministro durante 17 años. Por su parte, Raúl Castro fue Presidente de la República durante 12 años. Ningún otro miembro de la fratría Castro ocupó un cargo ejecutivo en Cuba. Fidel Castro tuvo siete hijos y Raúl Castro tiene cuatro. Ninguno de ellos ha ocupado nunca cargo alguno en el Gobierno.

En cuanto a la longevidad en el poder, a guisa de comparación, François Mitterrand fue Presidente de Francia durante 14 años. Felipe González fue jefe del Gobierno español durante 14 años. Angela Merkel, jefa del Gobierno alemán, cuando termine su cuarto mandato en 2021, habrá pasado 17 años a la cabeza de Alemania. 

4.      ¿Acaso se puede hablar de elecciones democráticas cuando hay un partido único?

En Cuba, contrariamente a otros países, el partido comunista no es un partido electoral. No propone candidatos a las elecciones. La legislación cubana es clara al respecto. Sólo los electores pueden proponer a los candidatos para las elecciones municipales, provinciales y legislativas. Está terminantemente prohibido para el PCC presentar a cualquier postulante a una elección. El procedimiento es el siguiente: antes de las elecciones, los ciudadanos se reúnen en asambleas públicas en las circunscripciones para proponer a los candidatos. Para cada elección, hacen falta al menos dos candidatos y un máximo de ocho. Una vez elegidos por la base, los currículos de los candidatos se exponen en las plazas públicas. Se prohíben estrictamente las campañas electorales. Para las elecciones municipales, provinciales y legislativas, el sufragio es universal y secreto.

Los cubanos están convencidos de que su sistema es más democrático que los de muchos países occidentales. Su punto de vista es el siguiente: en Francia, por ejemplo, donde existe un sistema multipartidista, en la inmensa mayoría de los casos, cualquiera que sea la elección, son los partidos políticos los que designan a los candidatos. Así, los ciudadanos franceses tienen la opción entre los diferentes postulantes designados por las diversas corrientes políticas. Ahora bien, en Francia menos del 5 % de los ciudadanos son miembros de un partido político y tienen entonces la posibilidad de designar a un candidato. Así, el 95 % de los electores no tienen absolutamente ninguna posibilidad de participar en la designación de los candidatos para las distintas elecciones. Su opción se limita a elegir tal o tal figura designada por los partidos políticos. 

5.      ¿Cuál es la composición del nuevo Parlamento cubano?

La composición del nuevo Parlamento cubano es globalmente representativa de la sociedad cubana en su diversidad étnica y social. Primero, la participación electoral fue del 85 %. Cerca del 50 % de los diputados (293 de 605) no son miembros del Partido Comunista ni de la Unión de Jóvenes Comunistas. Contrariamente a una idea preconcebida no todos pueden ser miembros del PCC, al revés. Para entrar en el PCC hay que ser propuesto por un miembro y pasar por un largo proceso de selección. La idea según la cual todos los cubanos tendrían la obligación de ser miembros del PCC es una fantasía. De los más de ocho millones de electores en Cuba (de una población de 11,2 millones de habitantes, sólo 800.000 son miembros del PCC, o sea apenas el 10% de los electores. Si agregamos a los 400.000 miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, el total es de 1,2 millones de personas, o sea el 15% de los electores. Así, el 85% de los electores no son miembros ni del PCC ni de la UJC.

Más del 53% (322) de los diputados son mujeres. Más del 56% (338 diputados) de los diputados integran el Parlamento por primera vez. El promedio de edad es de 49 años y el 13% de las personas elegidas (80 diputados) tienen entre 18 y 35 años. Cerca del 90% de los diputados nacieron después de 1959. Más del 40% son negros o mestizos. El Presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, es negro. Ana María Mari Machado, una mujer, ocupa la Vicepresidencia. Miriam Brito, otra mujer, dirige el secretariado del Parlamento.

 

 


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