blog de Montserrat Ponsa

Según asociaciones que luchan contra esta enfermedad, verdugo de nuestros días, la lucha contra el SIDA afronta un gran reto: lograr la primera generación de niños nacidos sin VIH. En el mundo existen 34 millones de infectados, entre los cuales, 3,3 millones de niños menores de 15 años. Menos de un tercio de las madres embarazadas y los niños que requieren tratamiento lo están recibiendo. Se trata de la pandemia-justiciera más grave de la historia de la humanidad.
Es grave, porque, en España el 30% de enfermos de VIH no saben que están infectados.
El objetivo, en estos momentos, se centra en las mujeres embarazadas y lactantes para reducir, la alarmante cifra de 3,3 millones de niños menores de 15 años con VIH, la mayoría de los cuales se infectaron a través de sus madres, según datos del Programa de Naciones Unidas contra el sida (ONUSIDA).
Con motivo del Día Mundial contra el Sida que se celebra mañana sábado, instituciones como Médicos Sin Fronteras han hecho hincapié en la eficacia de la terapia con antirretrovirales para evitar el nacimiento de niños con esta enfermedad.
En 2011, 330.000 niños contrajeron el VIH porque sus madres eran seropositivas, y se infectaron durante el embarazo, el parto o la lactancia.
Estas infecciones y muertes son evitables, gracias a un tratamiento «eficaz y sencillo»: el tratamiento de Prevención de la Transmisión del VIH de Madre a Hijo (PTMH), que evita el 95% de las infecciones durante el embarazo, el parto o la lactancia.
Según Unicef, el número de nuevos casos detectados de niños con VIH ha disminuido—se ha reducido un 24% entre 2009 y 2011—, pero esta organización advierte de que lograr el objetivo de conseguir una generación libre de SIDA, «requiere que más mujeres embarazadas y niños que viven con el virus tengan acceso a tratamientos».
Datos a nivel mundial de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia revelan que, menos de un tercio de las madres embarazadas y los niños que requieren tratamiento lo están recibiendo, en comparación con el promedio mundial para los adultos, que es del 54%.
Para Pere Domingo, presidente de GeSIDA, la clave está en detectar los casos de infección en embarazadas y tratarlos desde el principio para evitar la trasmisión del virus a sus hijos. «El problema es que hay embarazadas que eluden el sistema de salud y no son tratadas».
El Gobierno ha roto el acceso igualitario roto el acceso igualitario de toda la ciudadanía a las coberturas sanitarias básicas
Entre 2005 y 2011 se detectaron en España 170 casos de niños infectados por VIH, y el 60% de ellos nacieron en el país. «Es un porcentaje pequeño, pero supone un fracaso estrepitoso de todas las medidas de prevención», ha lamentado el presidente de GeSIDA.
Según los datos aportados por esta asociación, 8 de cada 22 embarazadas sabían que estaban infectadas y no recibieron el tratamiento preciso, mientras que 7 de cada 16 fueron diagnosticadas durante el embarazo y tampoco recibieron medicación.
«Todo esto habría sido evitable si se hubieran hecho las cosas adecuadas», advierte Domingo, que ha explicado que, la mayoría de estos casos corresponde a mujeres con un perfil económico medio-bajo, cuyo embarazo no ha sido controlado médicamente.
La prevención y la revisión médica son imprescindibles, si tenemos además en cuenta que en España un 30% de las personas infectadas lo desconoce y además son causa del 70% de las nuevas trasmisiones.
Desde la Alianzas de Plataformas del VIH han alertado de que, «las políticas del Gobierno han roto el acceso igualitario de toda la ciudadanía a las coberturas sanitarias básicas» y, han denunciado, «que se está abonando el terreno para que aumente en los próximos años el número de personas afectadas».
«Las acciones preventivas son más baratas, en dinero y en vidas humanas, que los tratamientos para el SIDA. El VIH no entiende de crisis y el abandono o el recorte de las acciones de prevención del VIH incrementará el número de nuevas infecciones», subraya el portavoz de esta Plataforma, Juan Ramón Barrios.
En el mismo sentido se pronuncia Médicos Sin Fronteras: el compromiso financiero de los países donantes «ha flaqueado notablemente» y «los grandes avances logrados en la última década, que permiten pensar en un futuro sin VIH, están en peligro».

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, radicado en Estrasburgo, hace años que padece una sobrecarga de trabajo debido al alto número de demandas que recibe. En diciembre de 2011, el Tribunal tenía 151.624 asuntos pendientes de tramitación. El tiempo medio de resolución desde la presentación de la demanda hasta la sentencia final se estima entre unos 6 meses y 8 años, informa l’Institut de Drets Humans de Catalunya
Este colapso no es una situación nueva, hace décadas que el gran número de casos que se presentan ante el Tribunal supera la capacidad de los 47 jueces y el cuerpo funcionarial, de unas 600 personas, la mitad de ellas, juristas. De hecho, desde los años 90 no han sido pocos los intentos para aligerar la carga del órgano encargado de velar por el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en los 47 estados miembros del Consejo de Europa. Todos ellos infructuosos.
El Institut de Drets Humans de Catalunya ha elaborado un informe en el que analiza estos intentos de reforma, centrándose en el último que tuvo lugar durante la Conferencia de ministros del Consejo de Europa, celebrada en Brighton, del 18 al 20 de abril de 2012. Reino Unido, que ostentaba en ese momento la presidencia del Comité, convocó la conferencia con la intención de limitar el acceso de los ciudadanos al Tribunal a través de la imposición de tasas a los demandantes y sanciones económicas para las demandas sin fundamento. Un gran número de ong europeas reaccionaron contra este intento de reforma y desde Catalunya, la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament envió una carta a la representación española solicitando su oposición a las medidas planteadas por Reino Unido, ya que supondrían disminuir la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos, al restringir el acceso al Tribunal.
Finalmente, la medidas aprobadas en la Declaración de Brighton no han recortado significativamente este acceso pero tampoco han ayudad a aligerar la sobrecarga de trabajo del Tribunal. Los 47 estados miembros del Consejo de Europa acordaron una declaración que, pese a contener algunas medidas positivas como que los jueces nacionales puedan solicitar asesoramiento a los jueces europeos, no da solución a las dificultades del Tribunal para hacer frente al alto número de demandas que se le plantean. Entre las decisiones adoptadas destaca el hecho de que las reparaciones económicas a las víctimas de violaciones de derechos humanos dictadas por las sentencias del Tribunal, pasarán de ser controladas y exigidas por el Comité de Ministros, al control de los propios estados miembro, victimarios de esa misma violación.
Tal como concluye el informe “El Tribunal es un mecanismo fundamental para asegurar la protección de los derechos humanos y así lo está haciendo hasta ahora. Añadir nuevos criterios de admisibilidad de las demandas significa restringir el derecho de los individuos a resarcir sus derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estimamos que las reformas habrían de haberse dirigido a garantizar una mejor cumplimiento del Convenio en el ámbito nacional, y a reforzar la vigilancia del cumplimiento de las sentencias del Tribunal por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa”.